Aunque falta menos de un mes para el inicio del invierno, el frío ya hace sentir su rigor en la ciudad de Buenos Aires, un problema que hace tiritar a los alumnos y docentes de 54 escuelas públicas que no tienen suministro de gas y, por lo tanto, carecen de calefacción. La cifra, confirmada por la empresa Metrogas, se contrapone con la que aporta el Ministerio de Educación porteño, que habla de 41 colegios sin gas natural. “El problema ya generó protestas de los padres y alumnos de las escuelas afectadas, dado que muchas de las obras se encuentran demoradas”, dijo a Página/12 el defensor adjunto del Pueblo, Gustavo Lesbegueris. Los cortes son consecuencia directa de la resolución del Enargas que, en febrero de 2005, ordenó la inspección de todas las instalaciones de gas en escuelas públicas y privadas del país. Algunas de esas inspecciones derivaron en cortes de servicio por fallas en la instalación y la reconexión no se realiza hasta que las obras estén terminadas. La Defensoría porteña advirtió que aún quedan por verificar las instalaciones de 539 escuelas, más de la mitad de los establecimientos públicos de la ciudad.

Si Metrogas y el gobierno porteño no se ponen de acuerdo en la cantidad de colegios donde el gas está ausente, la Defensoría aporta un tercer dato: de acuerdo con el último informe de la Unidad Ejecutora Central –el organismo creado en el Ministerio de Educación porteño para afrontar las obras de gas en las escuelas– al día de ayer estaban sin suministro 51 escuelas de distintos niveles. Entre ellas, la EMET Piñeyro, de Salguero 970, en Palermo, donde los alumnos tomaron la escuela en reclamo de la reconexión del servicio. Otras escuelas afectadas: el comercial Vieytes y el industrial Huergo, en Caballito –dos escuelas cuyos alumnos estuvieron recientemente en conflicto–, la de Asamblea 1221 (donde funcionan nivel primario y jardín), en Parque Chacabuco, Yerbal 25 (Caballito), Espinosa 2547 (La Paternal) y Gualeguaychú 550 (Floresta), entre otras.

Según informó ayer una fuente del Ministerio de Educación, una parte de las 41 escuelas afectadas –las que requieren obras menores– recibirá la conexión “en los próximos 25 días” mientras que las que necesitan obras importantes deberán pasar primero por un proceso de licitación.

Las inspecciones masivas a las instalaciones de gas en escuelas son consecuencia directa de la tragedia de Cromañón. El 29 de marzo de 2005 –tres meses después del incendio del boliche de Once– el Ente Regulador del Gas dictó la Resolución 3164, que ordenó a las empresas distribuidoras “la realización de inspecciones de seguridad a las instalaciones de gas en todos los establecimientos educacionales, con el objeto de investigar fugas de gas y otros eventos relacionados con la seguridad”.

Enargas dio un plazo de seis meses para que se hagan las inspecciones (en el caso de Capital y parte del Gran Buenos Aires estarían a cargo de Metrogas), pero en julio de ese año dio una prórroga de un año, que finalizaba en septiembre de 2006.

Las verificaciones generaron una crisis dado que –según informó Metrogas a la Defensoría– se detectaron irregularidades en el 75 por ciento de las instalaciones revisadas, lo que derivó en el corte del servicio al 40 por ciento de los colegios relevados durante 2005. Fue entonces que, tras una resolución de la Defensoría, el entonces vicejefe de Gobierno a cargo de la Jefatura, Jorge Telerman, creó en diciembre de ese año la Unidad Ejecutora Central para la adecuación de las instalaciones.

Lo cierto es que era tan grande la magnitud del problema que el Ministerio de Educación le pidió al Enargas una nueva prórroga, que fue concedida, hasta el 31 de diciembre de 2007.

La Defensoría del Pueblo solicitó un nuevo informe a Metrogas y al Enargas, para conocer cuánto habían avanzado las verificaciones. Fue así que pudo saber que en la ciudad de Buenos Aires se habían inspeccionado todas las escuelas privadas, pero sólo el 45 por ciento de las públicas, mientras que en la provincia de Buenos Aires habían pasado por los ojos de los inspectores casi todas las escuelas de gestión estatal y pública (94 y 99 por ciento, respectivamente).

Página/12 consultó a Metrogas sobre las razones de la demora para completar las verificaciones en colegios de la ciudad, y el gerente de Asuntos Públicos de la empresa, Hernán Mourette, explicó: “Tratamos de hacer las inspecciones en forma coordinada con el Gobierno de la Ciudad, para minimizar los efectos, ya que una vez que se encuentra una falla no hay más remedio que cortar el suministro”.

–¿Esto quiere decir que, para evitar cortes, las escuelas siguen funcionando con una posible situación de riesgo? –quiso saber este diario.

–No. Lo que ocurre es que si hay escuelas donde los chicos almuerzan, la empresa prefiere garantizar el suministro y hacer las inspecciones de acuerdo con las indicaciones del gobierno. Los atrasos obedecen a que en la ciudad, en los últimos años, hubo un cambio de jefe de Gobierno y dos cambios de ministro, lo que demoró el programa de inspección.

En efecto, las inspecciones empezaron durante la gestión de Aníbal Ibarra, quien primero fue suspendido y luego destituido tras un juicio político. Tras ese cambio, Alberto Sileoni reemplazó a Roxana Perazza en Educación, donde este mayo hubo otro cambio: Ana María Clement sustituyó a Sileoni.

Metrogas maneja otras cifras sobre inspecciones realizadas y faltantes en la ciudad: sostiene que fueron revisadas 398 escuelas y que faltan inspeccionar 287. “De las ya inspeccionadas, 258 están aprobadas, 66 quedaron habilitadas pero con observaciones, otras 20 tienen trabajos en ejecución y 54 están con el gas cerrado”, informó Mourette a este diario.