El represor Miguel Etchecolatz seguirá por muchos años detenido en la cárcel de Marcos Paz. A comienzos de mayo, sus abogados pidieron a la Cámara de Casación Penal una autorización para lograr la prisión domiciliaria por su edad, pero la Sala 1 ayer la rechazó. La resolución puede abrir ahora las puertas para que otros represores vuelvan a la cárcel. Los camaristas confirmaron además los fundamentos de la reclusión perpetua y los términos de la sentencia del Tribunal Oral de La Plata que incluyó por primera vez la palabra genocidio.

Luego del conflicto con el gobierno nacional hubo un cambio de actitud en la Cámara de Casación. La semana pasada el tribunal confirmó la otra condena a un represor de la dictadura: la de Julio Simón.

La causa sobre Etchecolatz llegó al máximo tribunal penal del país por dos planteos de la defensa en contra del fallo del Tribunal Federal Oral de La Plata de septiembre del año pasado.

Los abogados consideraron que la condena avanzaba sobre un caso de “cosa juzgada”, impugnaron la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y pidieron el beneficio de la prisión domiciliaria. Etchecolatz argumentó que durante la dictadura “cumplió con su deber” y que no hubo centros clandestinos de detención, sino “lugares legalmente ocultos al enemigo, para la seguridad de la población y de las operaciones militares”.

Con esa misma lógica, quien fuera la mano derecha del comisario Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires cuestionó el lugar de detención. Hasta el momento del juicio oral, Etchecolatz estuvo con prisión domiciliaria. Volvió a la cárcel luego de un allanamiento en el que le encontraron un arma. Sus abogados dijeron que no era cierto y apelaron a un “delicado estado de salud”.

Los jueces Liliana Catucci, Raúl Madueño y Gustavo Mitchel, con distintos tonos, convicciones y argumentos, rechazaron cada uno de estos puntos.

Para el caso de la prisión preventiva en Marcos Paz, dieron la razón al Tribunal Oral de La Plata. Y retomaron los resultados de los informes médicos que aquel tribunal ya había tenido en cuenta: “Al momento del examen se encuentra compensado hemodinámicamente, no observándose signos ni síntomas clínicos de patologías agudas o crónicas en evolución”. Catucci agregó que era necesario, de todos modos, hacer lugar a los exámenes clínicos pedidos por Etchecolatz.

Quienes siguen las causas en La Plata ayer se sorprendieron con la decisión del máximo tribunal sobre la cuestión de la prisión domiciliaria. Creen que la decisión deja sentado un precedente que de algún modo reformula el supuesto derecho de los represores a quedar detenidos en sus domicilios por el estado de salud o por la edad.

El otro punto en cuestión habla de los fundamentos de la pena. Un tema nada menor si se tiene en cuenta que una de las innovaciones del fallo de La Plata había sido la incorporación de la palabra genocidio plasmada en una condena. Los camaristas dieron por válida la condena por secuestro, tortura y homicidio, pero no hablaron de genocidio. Tampoco refutaron esa mención.

A criterio de los abogados querellantes, los jueces de Casación no debatieron sobre el “genocidio” porque nadie lo requirió. El Tribunal Oral Federal de La Plata presidido por Carlos Ronzanski no condenó a Etchecolatz por ese delito, porque no lo había acusado ni interrogado bajo esa figura, pero mencionó que los crímenes del represor fueron cometidos “en el marco de un genocidio”.

“En lo que atañe a la fundamentación de la pena –dijo Madueño, seguido luego por los otros jueces–, cabe señalar que el Tribunal Oral ha expuesto las razones que determinaron el monto de la sanción impuesta. (...) Consideró las condiciones personales del imputado, la naturaleza de las acciones que se le reprochan, los medios empleados para cometerlas y la extensión del daño y del peligro causado.”

En ese contexto, el camarista retomó uno de los tramos clave del fallo: la responsabilidad de Etchecolatz en el aparato represivo del Estado. La resolución de La Plata, dijo Madueño, “tuvo en cuenta que ‘el imputado dispuso de todo el aparato de poder del Estado argentino estructurado en esa época para llevar adelante los delitos aquí juzgados. En ese marco y ostentando el grado más alto de jerarquía de la policía de la provincia de Buenos Aires –comisario general–, secuestró, torturó y mató”.