Los talleres clandestinos que explotan a inmigrantes indocumentados, se sabe, existen más allá de la General Paz. Y también generan la reacción del vecindario. En un barrio de ocho manzanas del partido de La Matanza funcionan cuarenta talleres ilegales, muchos de ellos recientemente mudados desde la ciudad de Buenos Aires, según denuncia una comisión vecinal. El conflicto que moviliza a los vecinos –verdadero detonante de la denuncia– son los frecuentes cortes de luz en el barrio, ya que la precaria instalación eléctrica vecinal no soporta el consumo de las maquinarias industriales. Asesorados por la Defensoría del Pueblo porteña, los vecinos presentarán una denuncia penal ante el juzgado federal de Morón.

El barrio José Luis Cabezas está ubicado sobre la avenida Cristianía, a unas cuadras de Crovara, en Isidro Casanova. Son unas trescientas familias que habitan viviendas humildes, que tienen electricidad pero no medidor individual de consumo porque “aún no tenemos el título de propiedad de los terrenos”, según explica Nora Montero, una de las vecinas. El barrio, entonces, recibe el servicio de Edenor, pero a través de un medidor común. Desde hace un tiempo, los vecinos empezaron a notar que en el barrio crecían las construcciones amplias, de dos plantas; comenzó a escucharse el ruido de máquinas, que se prolongaba hasta bien avanzada la noche; con cada vez más frecuencia se veían camionetas que traían telas y llevaban prendas ya confeccionadas. Y se pobló el barrio de inmigrantes de países limítrofes que, en muchos casos, se alojan en los lugares donde trabajan. Desde hace un año, denuncian los vecinos, se vienen produciendo en el barrio frecuentes cortes de luz, atribuidos a la sobrecarga de consumo de los talleres clandestinos.

“El cableado en el barrio está preparado para el consumo familiar, no para máquinas industriales”, explicó Montero a Página/12. Los vecinos realizaron protestas, como cortes en avenida Cristianía. “Pero hasta ahora no hemos recibido respuestas de la municipalidad”, agregó la vecina.

Esta semana, por intermedio del Centro Comunitario La Alameda –desde donde se viene denunciando el funcionamiento de talleres clandestinos en la ciudad– presentaron su problema ante la Defensoría del Pueblo porteña.

“La defensora Alicia Pierini nos dio instrucciones para que presentemos la denuncia penal por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre ante la Justicia federal de Morón”, dijo a Página/12 Mario Ganora, uno de los asesores legales de la Defensoría. Si bien el presunto delito se habría cometido en otro distrito, el organismo porteño interviene como integrante del Observatorio de Derechos Humanos de los Migrantes Bolivianos, creado el año pasado después del trágico incendio en un taller clandestino de Caballito y de las denuncias contra locales donde se explotaba a inmigrantes indocumentados.

Ganora explicó que, además, como funcionario público, está obligado a denunciar los delitos de los que tuviera conocimiento. Y precisó que otro de los motivos para intervenir en el caso es que “muchos de los talleres que fueron clausurados en la ciudad de Buenos Aires se trasladaron a la provincia, como pudo haber ocurrido en el barrio José Luis Cabezas”.

Después de las protestas de la semana pasada, funcionarios municipales les prometieron a los vecinos que cambiarían el transformador que alimenta el barrio por otro con más potencia. Voceros de Edenor consultados por este diario relativizaron esa promesa, ya que “esa instalación es muy costosa, y no sabemos quién asumiría el costo; además, cuanto más se aumente la potencia, más puede aumentar el consumo”. En la empresa sostienen que ese fenómeno se da “en los barrios humildes donde la municipalidad se hace cargo del pago del consumo y donde las familias, en los días de frío, se calefaccionan con estufas eléctricas”. “Aquí la situación se agrava por la presencia de máquinas industriales”, agregó la fuente.

Edenor dice que no puede intervenir en el interior del barrio ya que su competencia llega hasta el medidor común. Los vecinos exigen la intervención del municipio y de la Subsecretaría de Trabajo provincial.

Hasta ahora no han recibido respuestas. Por eso, han empezado a tomar medidas como parar las camionetas que entran con telas para confección e impedirles el ingreso al barrio. Quieren evitar que la gente de un barrio vecino, también afectados por los cortes, “vengan y les prendan fuego a los talleres, como amenazaron”.