Con una oposición manifiesta de las entidades de usuarios y del titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, Carlos Campolongo, y un gobierno porteño que no mostró mucha predisposición a cambiar su postura, ayer se realizó la audiencia pública para analizar el plan que busca aumentar los peajes de ingreso a la Capital para aquellos automovilistas que viajen solos. Esta medida había sido anunciada por el Ejecutivo de la Capital en abril pasado, pero para concretarse, primero debía cumplir este paso.

Entre los 35 oradores que finalmente se anotaron había varios representantes de ONG de usuarios y consumidores. Uno de ellos fue Héctor Senna, de la Asociación 15 de Marzo, que planteó que la medida “es contradictoria”, ya que “mientras se habla de una política para disminuir el tránsito que ingresa a la ciudad, cada vez se construyen más autopistas de entrada”.

Además, señaló que “hoy el transporte público no garantiza una alternativa a este aumento del costo del peaje”, entonces la medida terminaría “beneficiando a los que más tienen, que van a seguir pasando con su automóvil por más que aumenten el precio, y no a los sectores con menos posibilidades”.

La “Tarifa diferencial de peajes”, según el nombre oficial, implica un aumento en el precio de los peajes de las autopistas 25 de Mayo e Illia para los conductores que ingresen a la ciudad sin acompañantes en su vehículo durante las horas pico. Así, un automovilista solitario que transite por la 25 de Mayo entre las 7 y las 10 deberá pagar 4 pesos de peaje en lugar de los dos que se cobran normalmente. Y quien utilice la Illia entre las 8 y las 10 sin llevar a ningún compañero en su auto deberá abonar dos pesos, en vez de los cincuenta centavos que cuesta actualmente.

El plan también prevé un estímulo positivo, que significaría exceptuar del pago del peaje a aquellos usuarios que durante esos horarios ingresen con cuatro o más ocupantes en su vehículo. Muchas de las miradas críticas hacia el programa oficial señalan que sólo esta parte debería ponerse en marcha, con la idea de incentivar pero no castigar.

“Inútil” fue el adjetivo con el que Campolongo calificó el proyecto del gobierno porteño. Como argumento para esa definición, el titular del Ente de Servicios Públicos pronosticó que la medida “no logrará una disminución cuantitativa de vehículos en la Capital”.

“Al pensar un proyecto, hay que hacer un cálculo de costo-beneficio, que no se restringe a lo monetario. En este caso, esa ecuación no cierra, porque tal como está planteado el plan, va a impactar en los sectores medios y bajos, que van a ser empujados a utilizar un sistema de transporte público que no está en condiciones”, manifestó. A esta postura se sumó la del legislador porteño electo por la Coalición Cívica Sergio Abrevaya, que alentó a “la creación de un carril exclusivo para transporte público de pasajeros y autos con más de cuatro ocupantes”.

La otra campana, la oficial, estuvo principalmente a cargo de los funcionarios del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas, que dejaron indicios de que el gobierno pondrá en práctica la medida más allá de lo que surja como conclusión de la audiencia, que no es vinculante.

El director general de Tránsito porteño, Guillermo Yampolsky, aseguró a Página/12: “Nosotros tenemos que organizar la puesta en práctica de la tarifa diferencial. Ahora hay que esperar el resultado de la audiencia y después veremos cuándo se pone en vigencia. Todavía no hay una aproximación de fecha”.

En cuanto a las características concretas de la medida, que en la audiencia algunos sectores catalogaron de aislada, Yampolsky aseveró que “para los mismos horarios de la tarifa diferencial, pondremos en práctica en las principales avenidas vías preferenciales de ingreso y egreso, que en los hechos significarán tres carriles exclusivos para colectivos y taxis”.

Luego de su anuncio en abril, el plan iba a ser puesto en marcha el 2 de mayo, pero el Ente Regulador advirtió que para modificar las tarifas de un servicio público primero se debía convocar a una audiencia pública. Esa situación llevó a la postergación de los aumentos, que se extenderá al menos hasta fines de agosto, ya que el ente todavía debe recibir el informe de la audiencia y luego decidir si realiza recomendaciones al respecto para el Poder Ejecutivo.