Trabajadoras sexuales, vecinos y funcionarios porteños se sentarán el próximo lunes a la misma mesa. El objetivo será comenzar a debatir sobre la preservación del Rosedal de Palermo, lugar que por las noches se convierte en circuito de oferta y demanda de sexo. La mesa de diálogo fue lanzada por el ministerio de medioambiente luego de decidir la suspensión de la polémica resolución del subsecretario de Areas Protegidas porteño, Javier García Elorrio.

La primera cita será el próximo lunes, a las 17, en el Golf Municipal de Palermo. La mesa tiene lugares reservados para los diferentes actores sociales involucrados en el conflicto. Estarán sentados referentes de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina, de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans de la Argentina y de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti.

También estarán presentes miembros de la Defensoría del Pueblo porteña, del Ministerio de Salud, de la Procuración de la ciudad, del Ministerio de Derechos Humanos porteño y del Inadi. Los que todavía no reservaron lugar son las organizaciones barriales de la zona implicadas también en el problema. Por ello, desde la cartera ambiental informaron que pueden inscribirse entre el jueves y viernes, de 10 a 17, en las oficinas del Parque Tres de Febrero, ubicado en Avenida Berro entre las avenidas Sarmiento y Casares.

La idea de este primer encuentro es comenzar a buscar soluciones que permitan preservar el Rosedal y sus alrededores sin perjudicar a las trabajadoras sexuales. Una alternativa en discusión es convertir a las prostitutas en agentes de promoción ambiental y de salud respecto de sus clientes, idea contraria al pedido de las trabajadoras sexuales, que prefieren acceder a educación, salud y trabajo digno.

La polémica sobre la oferta de sexo se reinstaló hace diez días, cuando la resolución 38, dispuesta por García Elorrio, declaró al Rosedal y su entorno “espacio no autorizado para la oferta o demanda de servicios sexuales”. La reacción de las trabajadoras sexuales y un recurso de amparo del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que calificó a la resolución de “inconstitucional”, obligaron al Gobierno porteño a suspender la prohibición.