Richard y Lourdes llegaron desde Bolivia hace tres meses, como tantos compatriotas, con una promesa de buena paga, casa y comida. Pero al cabo de un tiempo se hallaron hacinados en un taller de costura, durmiendo con otras trece personas, trabajando quince horas por día y, para colmo, sin cobrar un peso durante los dos primeros meses. La joven pareja decidió irse, pero los dueños del taller le retuvieron las pertenencias porque, decían, “debían los gastos de traslado y estadía”. Ayer los recuperaron, después de una inspección de la Subsecretaría de Trabajo porteña y un escrache de la Unión de Trabajadores Costureros, con la presencia de medios de comunicación. El atado de ropa se convirtió entonces en una prueba registrada por las cámaras de las condiciones en que son traídos los inmigrantes.

Richard Quispe (24) y Lourdes Ugarte (25) decidieron venir a Buenos Aires cuando una vecina, en La Paz, los tentó con un sueldo de 1200 pesos, casa y comida, en un taller de costura. El taller está ubicado en Gregorio de Laferrere 2430, en el barrio de Parque Avellaneda, y es propiedad de Gerardo Calisaya y su esposa. “Allí había diez máquinas y vivían unas quince personas, incluidos niños”, cuenta Richard, quien después de dos meses sin cobrar un peso decidió irse del lugar y hacer la denuncia en la Defensoría del Pueblo porteña. Cuenta Richard que en el lugar “trabajaba un niño de 11 años, que es huérfano, a quien había llevado su hermano, y al que le pegaban. Finalmente, se escapó una semana antes que nosotros”.

Ayer, la Subsecretaría de Trabajo intentó realizar una inspección en el lugar, pero los dueños les negaron el ingreso a los inspectores. Por eso, el titular del área, Ariel Lieutier, pidió a la Justicia una orden de allanamiento. Desde la Defensoría, en tanto, se pidió a la Justicia federal que investigue si la retención de efectos personales como parte de pago de un viaje, alojamiento y comida no constituyen prueba del delito de “reducción a la servidumbre”.