“Mi nombre es Laura. Antes y después de los kilitos de más del embarazo siempre tuve problemas para conseguir ropa. Antes del bebé, pedía en una tienda talle 46 y el vendedor me respondía que no tenía talles especiales. Después de tenerlo fui a comprar ropa con una amiga y el vendedor le hablaba a ella, súper flaca, en vez de a mí. Pasé totalmente desapercibida.” Este relato fue leído en una reunión donde representantes de las cámaras empresarias y organizaciones de mujeres coincidieron en la necesidad de aprobar una ley nacional de talles que unifique las medidas en todo el país y garantice el acceso a la indumentaria a hombres y mujeres. El encuentro se realizó en la Cámara de Senadores, donde está en tratamiento un proyecto de ley sobre el tema que cuenta con el aval de Diputados.

“No puede ser que la discusión gire en torno del dilema de avalar la libertad de empresa o garantizar los derechos de las personas a acceder a ropa y a no sufrir discriminación”, evaluó Monique Altshul. La directora ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) fue la encargada de abrir el debate organizado por la comisión de Industria y Comercio del Senado, donde la propuesta genera mayores objeciones. “¿Cómo pueden perder dinero haciendo ropa para el 80 por ciento de la población, que hoy tiene dificultades para comprar ropa?”, preguntó luego Altshul.

La consulta estaba dirigida a los referentes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que fueron invitados a la reunión. Tanto Elena Stewart como Jorge Bizet avalaron la aprobación de la ley que contempla la unificación de talles y garantiza el acceso a cinco talles por indumentaria. Sin embargo, plantearon su temor sobre el efecto de la medida en los ingresos de las pymes, que sufren una “excesiva carga tributaria” y sobre el alcance de la reglamentación.

Para Bizet, la futura reglamentación tiene que contemplar una serie de puntos, como por ejemplo, “no exigir todos los talles y colores en épocas de liquidación, una normalización de los talles para que el número 40 en Buenos Aires sea el mismo en el interior del país, la posibilidad de que los comerciantes en caso de no tener el talle pedido puedan pedirlo a la fábrica y evitar así una multa y, por sobre todo, la necesidad de difundir la publicidad de la ley”.

Federico Alvarez Larrondo, director de Defensa del Consumidor de Mar del Plata, donde no se aplica la ley de talles bonaerense por una medida cautelar presentada por las empresas, sostuvo que “meses antes de la puesta en vigencia de la ley impulsamos campañas de difusión. Lo que pasa es que las empresas siempre ponen un pero, nos trataron de locos y de querer destruir la industria nacional”. “Lo que tiene que estar claro es que la ley no es contra las empresas sino a favor de la salud de las mujeres que se sienten discriminadas a la hora de comprar ropa”, agregó.

Informe: Elisabet Contrera.