Hubo días en que el desfalco fue de unos 60.000 pesos. Y se calcula que la maniobra se hizo durante diez años, lo que significa que se robaron bastante más de un millón de pesos, aunque no hay un cálculo certero todavía. El escenario de tamaña estafa fue el Departamento de Identificaciones de la Policía Federal. Allí, las agentes no emitían el ticket de pago del timbrado correspondiente a aquellos que no pedían el comprobante y los pocos tickets que se emitían se entregaban a los que sí reclamaban el recibo. De esa manera, gran parte del dinero no ingresaba a las arcas del Estado. El fiscal Luis Comparatore, que investiga el caso, no sólo quiere el procesamiento de las seis mujeres que concretaban la maniobra sino que insiste en que se indague a unos veinte comisarios, porque afirma que la estafa no pudo hacerse sin el visto bueno e inclusive la conducción de los superiores.

Comparatore se opuso al cierre del sumario y a la elevación a juicio porque, según su óptica, no se puede descargar toda la responsabilidad de tamaña maniobra en agentes femeninas sin poder. Es que no hacía falta un control sofisticado para descubrir el robo: bastaba sumar todos las cédulas y pasaportes emitidos en un día, multiplicarlos por el valor de los timbrados y comparar eso con el dinero que ingresaba en caja.

Para colmo, Comparatore agrega otro elemento a sus sospechas. La causa se inició en 2004 a raíz de una denuncia formulada por el comisario Jorge Mario Chacoma. Al fiscal le llamó la atención que ese oficial fue pasado a retiro casi inmediatamente después de aquella denuncia, lo que también evidenciaría complicidad de los superiores.

La estafa se realizaba de la siguiente manera:

- El lugar de mayor recaudación ilegal era el de trámites VIP de pasaportes, cédulas y certificados. Es que allí el interesado tiende a no pedir el comprobante del timbrado, ya sea porque todo se hace rápido o porque se siente en deuda con los que le hacen el trámite de esa manera ágil.

- Cuando un ciudadano no pedía el comprobante, el dinero ingresaba a una especie de caja paralela.

- Los ciudadanos que sí pedían su ticket recibían alguno de los pocos que se emitían.

Según una pericia realizada en el expediente, la defraudación concretada entre 2000 y 2004 llega a 735.723 pesos, producto de trámites cobrados, pero sin que se emitieran tickets. La pericia fue complicada, pero la base de cálculo no parece difícil: hay que saber cuántos documentos se emitieron, evaluar cuánto dinero debería haber entrado y cuánto ingresó realmente.

La sospecha que surge del expediente es que el desfalco es muy superior al de los 735.723 pesos. En primer lugar, porque la maniobra no empezó en 2000. Hay datos que indican que se hizo a lo largo de, al menos, diez años. También existen indicios de que los montos diarios que se derivaron a la caja paralela son mayores que los descubiertos hasta ahora. Incluso se menciona una cifra impactante: 60.000 pesos por jornada. Eso llevaría el desfalco a cantidades millonarias.

Comparatore le pidió al juez federal Marcelo Martínez De Georgi el llamado a indagatoria de los jefes de los departamentos de Identificaciones Personales y Documentos y Certificados. Por lo pronto, en la lista están los comisarios Julio Núñez, Carlos Calcagno, Mario Patané, Hugo Zamudio, Héctor Pereyra y Jorge Caruso, Rubén Nieto, Ernesto Saconi, Ricardo Sofandi, Daniel Barrena, Jorge Greco, Jorge Troncoso, Miguel Angel De Stefano, Gustavo Panze y Juan Carlos Celanar, además del propio denunciante, el comisario Chacoma. Por ahora, las únicas procesadas son seis cajeras de la Policía Federal, imputadas por el delito de “administración infiel”.