Con su juvenil campera de jean celeste, su mirada desafiante y la ironía de hacerse servir café por un mozo, en plena audiencia, el comisario retirado Musa Azar, megaimputado en la causa por el doble crimen de La Dársena, intentó ocultar con una sonrisa un presente negro, tanto como su propia historia personal. Ya no es el dueño de la vida y la muerte, como lo fue durante la dictadura desde su cargo de jefe del Departamento de Informaciones de la Policía provincial, ya no es “El Tata”, como lo llamaban algunos de sus subordinados más obsecuentes. Tampoco “El Gran Jefe”, como lo nombró un testigo de cargo para graficar el poder que tenía, por encima de algunos de sus superiores e incluso de las autoridades políticas. Ni siquiera puede manejar, como lo hizo en los noventa, la entrega arbitraria de planes sociales entre sus allegados. Todas esas referencias sobre el poder que tuvo y perdió desde su detención hace cuatro años fueron citadas en la acusación contra Musa Azar, que lo sindica como jefe de la “asociación ilícita” responsable de las muertes de Patricia Villalba y Leyla Bshier Nazar, un homicidio “triplemente calificado por alevosía”.

En la causa hay otros 15 imputados, pero como miembros de la presunta “asociación ilícita” encabezada por Musa Azar sólo son mencionados sus ex colaboradores Jorge Pablo Gómez, Francisco Daniel Mattar y Héctor Bautista Albarracín. Como ocurrió antes en la sentencia del caso María Soledad Morales, en Catamarca, aquí la acusación formula una serie de consideraciones sobre la realidad política de Santiago del Estero, en febrero de 2003, cuando fueron hallados los cuerpos horriblemente torturados de Leyla y Patricia.

El pedido de la fiscalía toma en cuenta “la estructura que, sin hesitaciones, permitió materializar y pergeñar una serie de hechos criminosos, como así también encubrir a sus autores”. Todo esto sin olvidar “el contexto histórico, social y político que florecía en esas épocas, de un marcado ‘rasgo clientelar’, con el componente de sesgo patriarcal y autoritario, del cual los imputados fueron parte integrante o sujeto de sus favores”. La crítica contra el gobierno peronista de Carlos y Mercedes “Nina” Juárez fue señalada como “un dato de la realidad sociológica” que describe “los vínculos que formaron el engranaje de poder en una sociedad inmersa, por muchos años, en ese estadio evolutivo”.

Después se volvió sobre la figura de Musa Azar y el doble crimen. El comisario retirado fue señalado como “la persona que pergeñó, organizó y estructuró los distintos engranajes de la más compleja trama de encubrimiento jamás investigada en la provincia. Es indudable que la posibilidad de hacerlo, en la dimensión que cobró el mismo, sólo la pudo tener quien fuera depositario de esos favores, identificado como el poder ‘detrás’ del poder en la corporación policial”. Se definió a los principales imputados como miembros de “un grupo de características mafiosas claras” amparado en el poder de quienes “gozaban de sus servicios y que le conferían total impunidad”. En ese marco, Musa Azar “actuaba como la palanca de este poder y daba las órdenes” porque era “el hombre que ejercía el dominio de la organización”.

Por eso fue señalado como líder de la “asociación ilícita” o como “jefe de la banda”. Es allí donde se recordó su actuación en la década del setenta y su participación activa en “crímenes contra la vida y la libertad de las personas”, como responsable que fue de centenares de casos de desapariciones y torturas desde la jefatura del Departamento de Informaciones, a partir del año 1976. Su poder siguió hasta más allá del 2000 y no sólo a nivel de la policía provincial. En la acusación se dejó sentado que manejaba “a discreción” los planes Jefes y Jefas de Hogar que muchas veces eran “apurados” por Marta Cejas y Gilda Salomón, señaladas ambas, en la audiencia, como “concubinas de Musa Azar”. También se hizo mención al “muy mal carácter” del principal imputado y “al temor que infundía a sus subordinados”.

La misma sensación producía en los detenidos. Uno de los ellos, Héctor Bautista Albarracín, estando en prisión “sólo recibía comida de su esposa por temor a ser envenenado por Musa Azar”, según declaró un testigo. El test psicológico que le hicieron al comisario retirado lo definió como una persona de “conducta autoritaria, déspota, controladora, omnipotente”.

Como autores materiales del asesinato de Leyla Bshier son señalados Antonio Musa Azar Cejas, “Musita”, hijo del principal imputado; Damián Silvestre Silvero y José Patricio Llugdar. Según la acusación, el cuerpo fue llevado a la reserva ecológica de Musa Azar, donde tenía un zoológico con animales carnívoros, a quienes fueron “arrojados los restos de la joven”, cuyo cuerpo apareció luego mutilado en la zona de La Dársena. En cuanto al crimen de Patricia Villalba, se aseguró que fue Llugdar quien la secuestró a la salida de su trabajo, en una verdulería, para luego “entregarla” a Francisco Daniel Mattar, Jorge Pablo Gómez y Héctor Bautista Albarracín. La joven fue “brutalmente torturada” en la misma reserva ecológica. Albarracín está imputado por “homicidio triplemente calificado”, mientras que Llugdar, “Musita” y Silvero son señalados como coautores de “homicidio simple”. Musa Azar es mencionado como el que dio “la orden de matar”.

También están acusados el diputado nacional Carlos Anauate, Javier Humberto Juárez, Ramón Alberto Palacio, Mario Corvalán y Marta Noemí Cejas, la mujer de Musa Azar, todos por “encubrimiento agravado”. Sobre la mujer, al menos dos testigos dijeron que había ordenado que limpiaran la jaula en la que habrían sido arrojados los restos de Leyla. Daniel Moukarzel está acusado por “coacción agravada”, Diego Sonzogni, por adulterar documentos y Luis Cejas, por “incumplimiento de deberes”.