La Cámara de Diputados abrió el camino para que las mujeres presas que tengan hijos menores de 5 años o estén embarazadas puedan cumplir la pena de arresto en sus hogares. Por amplia mayoría (127 a 2), y como último tema de la sesión del martes, al filo de la medianoche dio media sanción a un proyecto de ley que amplía los supuestos de detención domiciliaria y faculta a los jueces a otorgar ese beneficio –que hoy rige para mayores de 70 años y enfermos terminales– a internas con chicos pequeños o personas discapacitadas a cargo y también a detenidas que estén esperando un bebé.

La iniciativa fue promovida por las diputadas Marcela Rodríguez (ARI) y Diana Conti (kirchnerismo) y responde a un reclamo de las mismas presas, del cual se hicieron eco el Comité contra la Tortura de la Comisión Bonaerense por la Memoria y organizaciones civiles y de derechos humanos.

“No quedan dudas de que la cárcel no es lugar adecuado para el alojamiento de mujeres embarazadas y de niños y niñas. Con esta reforma, el Estado debe adecuar la legislación nacional a obligaciones internacionales que ha asumido voluntariamente en diversos tratados internacionales, como la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura, entre otros”, destacó a Página/12 Raquel Asensio, coordinadora del Proyecto Reformas Judiciales, Acceso a la Justicia y Género del Grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario de Estudios de Políticas Públicas (Ciepp), una de las entidades que participa de la Mesa del Diálogo que se creó en la provincia de Buenos Aires para mejorar la situación de las personas privadas de su libertad en los penales bonaerenses y en la que participan también el CELS, ADC y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica de La Plata (CIAJ).

Desde este ámbito venían trabajando en el Congreso para conseguir la aprobación del proyecto que en la noche del martes obtuvo media sanción en Diputados. De todas formas, hasta que se convierta en ley en el Senado, están buscando otros caminos para poder sacar a las presas con sus nenes y a las que están embarazadas de las unidades penitenciarias: una opción es que los defensores oficiales soliciten una morigeración de la pena y la detención domiciliaria como alternativa a la prisión preventiva. En la audiencia pública que la semana pasada hizo la Suprema Corte de la provincia, para abordar la problemática carcelaria, el Comité contra la Tortura y el CIAJ pidieron que el máximo tribunal bonaerense dé una respuesta en ese sentido con una resolución dirigida a cada tribunal, solicitándoles que aprueben los pedidos de morigeración de pena para embarazadas y madres de niños chiquitos presas.

“Si bien la modificación legislativa es importante para facilitar el acceso al arresto domiciliario, de ninguna manera significa que con la ley aún vigente no puedan acceder a esta medida morigerada, ya que esta solución se impone en los tratados internacionales de derechos humanos de rango constitucional. Por tanto, los jueces deben otorgar la prisión domiciliaria en estos casos por fundamentos de raigambre constitucional y por razones humanitarias”, agregó Asensio.

El proyecto aprobado por Diputados modifica la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y amplía los supuestos en que el detenido tiene derecho al arresto domiciliario. Ahora, ese beneficio alcanza a los mayores de 70 años o al que padezca una enfermedad incurable en período terminal, cuando una resolución fundada del juez competente así lo autorice. La propuesta extiende la posibilidad de cumplir la detención en el hogar a:

- Embarazadas.

- Madres de un menor de cinco años o de una persona con discapacidad a cargo.

- Internos enfermos, cuando el encierro les impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia.

- Discapacitados, cuando la cárcel sea inadecuada por su condición y les signifique un trato indigno, inhumano o cruel.

El acceso a este beneficio no será automático: deberá solicitarse al juez competente y quedará en sus manos brindar esa alternativa.

“Como es sabido, el artículo 195 de la Ley de Ejecución de la Pena establece que la interna podrá retener consigo a sus hijos menores de cuatro años. Muchos niños actualmente se encuentran en instituciones carcelarias, junto a sus madres que cumplen penas de prisión o reclusión. Por ello, facultar al juez a disponer la prisión domiciliaria en estos casos, en vistas a las deficientes condiciones carcelarias y en defensa de los derechos de los niños, es una solución que no puede ser obviada por el Congreso”, argumentó la diputada Rodríguez, al defender el proyecto.

Actualmente sólo en la provincia de Buenos Aires hay 76 presas que viven tras las rejas con sus hijos y 22 que están embarazadas: representan el 12 por ciento de las detenidas en unidades bonaerenses, según un informe elaborado por el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, al que accedió este diario. “Casi la totalidad de las que conviven con sus nenes está procesada, con prisión preventiva, es decir, no tiene sentencia firme”, observó Laurana Malacalza, coordinadora del Area de Género del organismo y alertó que tanto las detenidas que están con sus hijos como las que están embarazadas “constituyen uno de los grupos más vulnerables de la población carcelaria”. En total, hay 780 mujeres presas en todo el territorio bonaerense, un número que equivale a menos del 3 por ciento de los detenidos.