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“En el municipio de Pilar, cualquiera puede obtener licencia de conductor, aunque esté inhabilitado por un juez en lo criminal; en cambio en Morón, como corresponde, no entregan licencias antes de verificar que el conductor no esté inhabilitado en otro distrito –ejemplificó Fabián Pons, gerente general del Centro de Educación y Seguridad Vial (Cesvi)–: es que Morón es uno de los municipios que adhirieron a la ley provincial, y Pilar uno de los que, hasta ahora, no.”

Pons destacó que el flamante Registro Nacional de Inhabilitados “es técnicamente impecable y está muy bien que se lo ponga en marcha: pero su efectividad política se complica en un país donde sólo 16 provincias adhirieron a la Ley de Tránsito y varias de éstas todavía no reglamentaron la adhesión”.

En este marco, “algunos intendentes llegaron a decir que deben ‘analizar los alcances de la Ley de Tránsito para cuidar su autonomía’, lo cual es una estupidez: la ley está tomada de legislaciones consagradas internacionalmente. Los concejales juegan al federalismo, se creen que son Rosas y Urquiza mientras la gente se sigue matando en las rutas”, comentó el representante del Cesvi.

–Estas actitudes han sido vinculadas con beneficios económicos o de poder vecinal, a través del otorgamiento de licencias... –observó Página/12.

–Exactamente –contestó Pons–. Algunos municipios llegaron a tener más licencias otorgadas que habitantes; en algunos casos, es su principal fuente de ingresos. Mientras tanto, la Ley de Tránsito se aprobó hace ya casi un año y medio y fue presentada como política de Estado: una política de Estado, además de sostenerse en el tiempo, debe vincular a todas las jurisdicciones.