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Durante su campaña presidencial, Rafael Correa dejó en claro su opinión sobre las mulitas. Dijo que se trataba de personas desempleadas y pobres que se “ven seducidas por mafias de narcotraficantes”. Más de una vez le preguntaron por su padre, un empresario que se fundió varias veces e intentó conseguir dinero pasando droga a los Estados Unidos. Correa lo mencionó una vez y fue contundente: “No lo condeno, creo que fue una víctima del sistema. Como tantas otras víctimas, mi padre no fue un delincuente, fue un desempleado que desesperadamente buscó alimentar a su familia”.

La desproporcionalidad entre el delito y la pena que reciben las mulitas derivó en los reclamos y huelgas permanentes en las cárceles. Pero la reforma de los códigos de ejecución de penas y el indulto en particular fue muy criticado por la oposición. Incluso el fiscal general de la Nación de Ecuador, Washington Pensatez, aseguró que sólo los delitos políticos merecían una amnistía, no los delitos comunes.

Al poco tiempo de hacerse la reforma en febrero, el Transnational Institute (TNI), a través de su programa Drogas y Democracia, develó varias historias de mulitas apresadas en Ecuador y beneficiarias del indulto. Una de ellas es Analía Silva, quien estaba cumpliendo una condena de ocho años en la cárcel de mujeres El Inca, en Quito, por cargos de posesión de menos de 400 gramos de pasta de cocaína. Su situación era compleja porque había denunciado a miembros del comité de la prisión por corrupción. Ese comité es reconocido como asociación y jugó un rol importante en los censos carcelarios y la tramitación de la libertad de varias presas.

“Analía tuvo también problemas con los requisitos del nuevo perdón –detalla el informe del TNI–. Ella reunía todos los requisitos menos el que descarta a los detenidos que estén cumpliendo una segunda condena. Analía había estado antes en la cárcel por la misma ofensa (posesión de pequeñas cantidades de droga). Irónicamente, Analía había hecho cabildeo (lobby) a favor de otros derechos para los reincidentes, como el de la libertad condicional. En el caso del perdón, su razonamiento fue el de que si la larga condena recibida la primera vez fue injusta, también lo era la segunda.”

Finalmente fue liberada. Según le contó a la investigadora que la entrevistó, se valió de la misma corrupción que denunció: “Terminó pagándole a alguien que sabía cuánto había que darle al juez que revisaba y firmaba los perdones finales”. Analía es afroecuatoriana y nunca pudo estudiar. El racismo existente en parte de la sociedad y su paso por la cárcel disminuyeron sus posibilidades laborales. Hoy trabaja en una cafetería.

Otro caso, tal vez el más fuerte de los comentados en el estudio del TNI, es el de Teresa Delgado. Fue detenida con 30 gramos de cocaína y condenada a 8 años en la misma cárcel que Analía. Cinco meses después de que Correa anunciara el indulto, logró salir en libertad. Estuvo presa seis años, en los que perdió todo. “Sus dos hijos pequeños habían ido a parar a un orfanato y ella no tenía a dónde ir. Algunos amigos suyos que tenían familia en la cárcel, acusados también por drogas, la ayudaron, ofreciéndole un lugar donde vivir con sus hijos. Luego se puso a trabajar con ellos en un negocio de servicio de comidas”, cuenta el informe.

La familia que la acogió no había dejado del todo la venta al menudeo de droga y sin que ella se diera cuenta la policía seguía vigilándola. Hubo un allanamiento y fue nuevamente detenida porque en el lugar había marihuana. Ella juró no haber vuelto al negocio de las drogas, algo que confirma la familia con quien la agarraron y que ahora está en prisión. Delgado volvió a la cárcel y su caso está siendo revisado por fiscalía.