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Hace dos años, la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires se negó a inscribir a María José C. como pareja de Sandra C., quien, como empleada del Estado porteño, era la que más estabilidad laboral tenía de las dos. “No teníamos unión civil porque somos de la provincia de Buenos Aires y allí no existía; y con declarar que éramos pareja no alcanzaba, nos dijeron que no podíamos”, dice Sandra, quien sin embargo sí “había hecho constancia en un juzgado de que era sostén de familia, de que teníamos una relación hacía 15 años, de que teníamos una hija, Valentina, nacida del vientre de María José (el nombre de la niña es de fantasía). Aportamos testigos, todo. Era un reconocimiento legal”. El 21 de septiembre del año pasado, a poco de entrar en vigencia el matrimonio igualitario, Sandra y María José se casaron. Para entonces, la familia se había agrandado con el nacimiento de Mía, a quien la obra social sí anotó, porque había nacido del vientre de Sandra.

“Al día siguiente de casarnos, fui a anotar a María José y a Valentina en la obra social”, recuerda Sandra. “Anotaron a María José, pero no a la nena, porque no tiene mi apellido. Me acompañaban dos abogados. Llevé todos los papeles, los certificados que acreditan que somos una pareja que convive hace más de 15 años... nada sirvió. Lo único que querían era que la nena figurara con mi apellido, o que la adoptara.”

–¿Cuántas veces insistió en el trámite?

–Tres –dice Sandra–. Una, fui con una compañera de la dependencia porteña en la que trabajo, una compañera que se encarga de los trámites institucionales. Me acompañó a la obra, tuve una discusión larga con la encargada de Afiliaciones. Me dijo que se solidarizaba conmigo, que entendía la situación, pero que en los estatutos no había nada registrado que indicara que podían tomar a Valentina como afiliada a la obra social. Le dije: “¿Cómo puede ser? Si en el caso de un matrimonio heterosexual es automático. Un hombre empleado en el Gobierno de la Ciudad se puede casar con una mujer que tiene hijos, y automáticamente ella y los chicos quedan protegidos por la obra social. ¿Cuál es la diferencia? Yo me casé, para la ley mi pareja tiene una hija, ¿por qué no la inscribe?”. “Porque no tiene tu apellido, me dijo. La tenés que adoptar.” Fue un no rotundo.

–Aunque Valentina sea su hija.

–Sí, a pesar de eso. Nosotras empezamos esto como un proyecto de familia, y decidimos como pareja tener hijos. Como cualquier pareja, salvando las distancias de que las dos somos del mismo sexo. Hicimos inseminación, cada una un tratamiento, todo muy pensado. Las dos pagamos un contrato para que el donante fuera el mismo, las nenas son hermanas biológicamente, hijas del mismo donante. Más a favor de nuestro reclamo, todavía.

–¿Qué perjuicios les trae no poder anotar a su hija en la obra social?

–Tenemos que pagar una prepaga para Valentina, porque no podemos tenerla descubierta: es una nena en edad escolar. Y no nos sobra la plata. Pero el perjuicio además de económico es moral. Somos una familia que se ve obligada a dejar que nos discriminen, o que hagan diferencias entre familias homosexuales o heterosexuales.

–¿Por qué no plantean el caso en la Justicia?

–Somos de perfil bajo, y no queremos exponer a las nenas en nada. Además, como dice María José, antes que gastar la plata en abogados, pagamos la prepaga de la nena.