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María Graciela Iglesia viene trabajando a favor de una legislación que devuelva al centro de la discusión las capacidades de las personas con padecimiento mental mucho antes de que saliera la ley. Y como jueza del Tribunal de Familia número 1 de Mar del Plata aclara: “Estos problemas de salud se deben considerar como transitorios y no permanentes, así lo indica la nueva norma. Yo no arbitro medidas de internaciones porque es un recurso estrictamente terapéutico, pero sí reparo en que el paciente tenga el debido proceso cuando son involuntarias”. Según ella, la ley implica una transformación de las conciencias y prácticas médicas y jurídicas. “Mientras eso pasa, debemos asegurar el derecho a una atención en tiempo y forma”, agrega.

No bien se aprobó la ley, esta jueza envió una circular a todas las clínicas privadas y al neuropsiquiátrico público en Necochea, dice, para informar de la sanción y exigir que le notifiquen cada vez que se sea internado un paciente contra su voluntad. “No se puede especular con la salud de alguien, estamos en medio de un movimiento de reforma, de cambio hacia un modelo social y de abandono de determinaciones basadas en la incapacidad. Entonces, se deben morigerar al extremo las internaciones involuntarias, que deben ser legítimas, y la Justicia debe proveer defensa técnica a la persona con padecimiento”, advierte Iglesia.

El control de legalidad ante cada internación forzosa debe ejercerse, aunque aún no funcione el órgano multidisciplinario que incorpora la ley, dice la jueza, que envía lo más pronto posible a integrantes de su tribunal a verificar los casos. “Si un juez no manda circulares como yo, los centros de salud tienen que conocer la ley y avisar”, insiste. Según ella, la norma da un marco rector a los tribunales, que deberían reactivar las inspecciones y las causas abiertas sobre internación.

Esto último fue expuesto por el juez José Russo en las audicencias previas a la sanción definitiva de la norma en el Senado nacional, cuando mencionaba una “Comisión de locos”, integrada por camaristas y jueces de primera intancia del fuero civil, en 1976 y 1977. “En esa oportunidad decidimos exhumar los expedientes sobre internaciones, sobre todo los aspectos que tenían que ver con la capacidad de las personas”, recordó Russo. Fue así que llegó a la conclusión de que muchas personas tenían el alta pero no se iban porque no tenían dónde ni con quién. “Hay que exhumar todos los expedientes que tenga el juzgado”, coincide Iglesias.

“Los controles no están sistematizados porque falta reglamentación y son algo informales, pero se debe controlar porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió en varios casos sobre las internaciones y las declaraciones de insania, que por la nueva ley tienen que revisarse cada tres años”, argumenta la jueza. “Antes levantaban a muchos por denuncias o porque estaban en la calle. Terminaban en manicomios sin siquiera tener su DNI, se les declaraba la insania, terminaban siendo muertos civiles”, agrega.