“Estamos viviendo una bisagra en la ética de la muerte y el morir”, aseguró ayer Juan Carlos Tealdi, director del programa de bioética del Hospital de Clínicas de la UBA y asesor en la temática de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que acompañó a Selva Herbón en el procedimiento que permitió la muerte digna de su hija, Camila Sánchez. Para el especialista, la sanción de la Ley de Muerte Digna, que impulsó el caso de esta niña en estado vegetativo que falleció ayer, demuestra que el Congreso ha escuchado el reclamo social, lo que implica “una muy buena señal para el país”. La deuda, consideró, persiste en unificar los criterios de la salud a nivel nacional.

Tealdi se familiarizó con la problemática de la limitación de los esfuerzos terapéuticos cuando fue consultado por el caso de Melina González, en marzo de 2011 y, luego, cuando analizó el de Camila Sánchez. El caso de la niña, consideró en su informe, era muy especial porque “no sólo estaba en estado vegetativo permanente, sino que por la carencia de estímulo alguno, su cerebro no tendría ninguna posibilidad de estructura simbólica”. Es decir, ni un milagro podría revertir su situación.

–¿Por qué acompañó ayer a Selva?

–Selva me llamó ayer (por el miércoles) diciendo que ya estaba la ley, pero que desde el Centro Gallego no terminaban de tomar la decisión. Había varias posibilidades, entre ellas la vía judicial. Pero lo mejor era resolverlo dentro de la institución, así que me contacté con las autoridades y les expliqué que ya no había ningún impedimento. El director citó a Selva para esta mañana (por ayer) y ella me pidió acompañamiento. Allí estuve.

–¿Cómo vivió ese momento?

–Yo estuve junto a Selva en la sala de espera, mientras su amigo Marcelo (Velis) presenciaba la desconexión. Siempre practiqué la medicina con un alto compromiso emotivo, a pesar de que uno siempre guarda la necesaria distancia para mantener objetividad. Pero en este caso, poner el cuerpo implica sentir la parte dura, porque éstas son siempre decisiones drásticas, donde una parte nuestra lamenta, aun sabiendo que es lo correcto. No es gratuito ni para Selva ni para quienes la acompañamos.

–¿Cómo impacta en la ampliación de derechos que Selva haya logrado completar su lucha?

–Primero, esto es un quiebre real. Por un lado, es muy buena señal para el país que el Congreso haya canalizado ese acompañamiento popular, como también lo es la rapidez con la que la Corte Suprema se expidió en el caso del testigo de Jehová. Y, por otro, para los que trabajamos en la bioética, en mi caso llevo 25 años, es una bisagra en la ética de la muerte y el morir. A partir de aquí, lo que queda con final abierto es cuál es la capacidad que tenemos de institucionalizar su implementación a escala nacional. Nos queda un gran desafío frente a los cambios culturales que son necesarios en el sistema de salud. La experiencia del aborto no punible, por ejemplo, indica que los protocolos de implementación no deben quedar a merced de un ministro de Salud provincial. Necesitamos una unificación del criterio de bioética nacional. En otros países existen comisiones nacionales presidenciales específicas para el tema.

Informe: R. M.