“En la relocalización de poblaciones vulnerables no se arbitran mecanismos para que los afectados accedan a la información y puedan ejercer su derecho a decidir junto con las autoridades”, sostuvo Anselmo Sella, defensor del Pueblo de la Nación, en una crítica que abarcó a las autoridades de Acumar, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. “En Villa Inflamable no se convocó a la Mesa de Trabajo y se avanzó sin consultar. Se prohibió el ingreso de materiales, lo cual afecta la infraestructura e inhibe el mejoramiento que los vecinos intentan con sus recursos.”

“En la ciudad de Buenos Aires, las Mesas de Trabajo fueron suspendidas unilateralmente –agregó Sella–. Y las relocalizaciones presentan deficiencias de construcción: las de Castañares y Portela tienen las ventanas al revés, de modo que cuando llueve entra agua. Las actas de tenencia precaria dejan a los vecinos indefensos porque no incluyen fechas de escritura, no definen el valor y, en la ciudad de Buenos Aires, llevan una cláusula de rescisión prácticamente unilateral.”

Sella destacó que “los vecinos localizaron terrenos públicos, más cercanos a sus viviendas actuales, lo cual debe ser tomado en cuenta”, y solicitó a la Corte “una audiencia urgente para analizar los problemas de relocalización, con representantes de las comunidades afectadas”.