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La Justicia argentina sentó un precedente a nivel internacional cuando, en octubre del año pasado, ratificó que Sandra, la orangutana que vive en el Zoológico de la Ciudad desde hace 21 años, “es titular de los derechos de las personas humanas”. De esta manera, y por decisión de la jueza porteña Elena Liberatori, se ordenó al Zoo que le garantice a la orangutana “condiciones adecuadas de hábitat” además de la posibilidad de realizar “actividades necesarias para preservar sus habilidades cognitivas”, similares a las de un chico de 5 años. En el marco de ese proceso judicial, además, se permitió que el animal fuera representado legalmente por la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos del animal (Afada). Para los especialistas, la medida constituyó una prueba de que “Hay una conciencia creciente de la sociedad sobre los abusos y maltrato ejercidos sobre los animales”.

Sandra tiene 30 años, nació en Alemania y pasó por varios lugares de encierro hasta llegar a Buenos Aires, hace 21 años. Por las condiciones de su cautiverio, Afada presentó una acción de amparo para que “se la reubique en un santuario acorde con su especie, donde pueda desarrollar su vida en un real estado de bienestar”. Si bien con el correr del trámite judicial el traslado quedó descartado, en octubre de 2014 la Justicia resolvió que la orangutana debe ser considerada un “ser sintiente”, es decir, un “sujeto de derecho”. En ese sentido, la magistrada exigió el “ejercicio no abusivo de los derechos por parte de sus responsables, el concesionario del Zoológico porteño y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el fallo, la jueza Liberatori también dispuso que los expertos consultados durante el proceso judicial, en tanto amicus curiae, y un profesional del Zoo, “elaboren un informe” de “carácter vinculante” sobre “qué medidas deberá adoptar” el gobierno porteño en relación con la orangutana. “Sandra tiene derecho a no ser sometida a malos tratos o actos de crueldad, ni que ocurran conductas humanas abusivas a su respecto”, afirma Liberatori, que además reconoce que tras las instancias judiciales anteriores (que incluyeron una apelación ante la Cámara, resuelta favorablemente para quienes intercedían en favor de Sandra), las condiciones de vida del animal se modificaron.

En su parte resolutiva, el fallo de Liberatori remitió las actuaciones por maltrato animal a la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad, que es la que en mayo de este año aceptó como querellante a la asociación que defiende los derechos de los animales, que también había presentado un hábeas corpus por privación ilegal de la libertad. “Antes, lo que se representaba (en los procesos) era el sentimiento de compasión de la comunidad para los animales, en virtud de una posición antropocéntrica. La tendencia actual es entender los derechos de los animales desde el punto de vista sensocéntrico o biocéntrico, que prioriza la vida de los animales y su condición de seres sintientes: ya no son cosas o propiedades”, sostuvo Pablo Buompadre, titular de Afada.

En tanto, la antropóloga y defensora de los derechos de los animales Susana Pataro consideró que el proceso judicial por el bienestar y los derechos de Sandra abrió las puertas para “un debate profundo sobre nuestra responsabilidad en el planeta con otros seres sensibles”, y significó un llamado de atención al resto del mundo “que nos mira con admiración”. La diplomática y representante del Instituto Jane Goodall Internacional –que promueve la conservación de las especies y su ambiente– subrayó que “la novedad es que para la Justicia argentina y la jurisprudencia internacional, en general, los animales están amparados por el régimen de la propiedad privada y no son pasibles de gozar de derechos o personería jurídica, como los individuos o las empresas”.