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De pronto, los sobrevivientes y los familiares se levantaron de las sillas con las imágenes de los desaparecidos de la ESMA en sus manos. En medio de esa lluvia de imágenes tormentosas se abrió paso por la sala Gonzalo Torres de Tolosa, el único civil del Grupo de Tareas 3.3 alcanzado por este juicio histórico por los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención. Fue en la última jornada de alegatos de la fiscalía en este juicio. La fiscal Mercedes Soiza Reilly pidió condenas para los 56 acusados, 52 a perpetuas, incluidos los pilotos de la muerte. Pero el petitorio incluyó un dato novedoso: pidió al TOF 5 incluir en la sentencia un pedido dirigido a la prensa gráfica de la época para que “rectifique” la información que publicó sobre las víctimas del terrorismo de Estado. Los medios alcanzados en el petitorio fueron Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y las revistas Gente y Para Ti. En línea con la jurisdicción internacional de Naciones Unidas sobre la “reparación integral” de las víctimas y pedidos semejantes en Cóndor y en Bahía Blanca, explicó el pedido como un “acto de desagravio”, como hecho “moralmente reparatorio” y “parte de la reconstrucción de la memoria”. El rol de los medios de comunicación como parte de las herramientas de “acción psicológica” de los dictadores fue uno de los ejes del alegato.

En las páginas de los diarios de la época, las víctimas del terrorismo de Estado solían ser nombradas, se sabe, como “delincuentes, “sediciosos”, “terroristas” y “extremistas”. “Los reportes gráficos eran parte de la propaganda totalitaria para agitar en la población los fantasmas del miedo y del odio –dijo la fiscal–, con claras intenciones de instalar, aún más, la división social entre los ciudadanos. Estas conductas, lejos de ser un ejercicio legítimo de la libertad de expresión, fueron conductas proyectadas en consonancia con el plan sistemático de exterminio. Los militares ejercieron a través de los medios de comunicación la acción psicológica”. Por eso, explicó, “estamos pidiendo que publiquen que fueron víctimas del terrorismo de Estado, secuestrados, atormentados por su compromiso político y no una madre que abandonó a su hijo en la vía publica como se hizo. La verdad debe tener el mismo espacio por el deber que tiene el Estado argentino a reparar a las víctimas. Por eso este ministerio fiscal pide al tribunal que disponga la rectificación de la información como acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de la memoria”.

No es la primera vez que los procesos de Justicia revisan el rol de los medios de comunicación durante la dictadura, pero sí es parte de un camino que recién ahora empieza a formularse en los debates por crímenes de lesa humanidad como parte de las reparaciones. En esa línea, este megajuicio hizo aportes singulares. Los recortes de los diarios de la época llegaron a la sala de dos grandes maneras. Por un lado, en manos de los testimoniantes porque muchas familias guardaron enorme cantidad de recortes entre sus “acervos documentales”. Al dar testimonio, fueron sacando papeles para mostrarle a los jueces y en ocasiones se los escuchó hablar de los diarios y reclamarles aún hoy por versiones llenas de falsificaciones. Pero los artículos también entraron al juicio como parte de las pruebas recogidas por los fiscales. Las publicaciones permitieron certificar indicios sobre víctimas, fechas y grupos que intervinieron en los distintos operativos. Pero el aporte quizá más importante fue la lectura más global que pudo hacerse sobre prácticas que empiezan a analizarse en simultáneo con los más de 700 crímenes de esta megacausa. Esa lectura colectiva traza recurrencias y patrones en distintos campos, entre ellos la prensa.

Santiago Riancho fue uno de los testigos ocasionales convocados a este juicio. En enero de 1978 era fotógrafo de sociales. Un sábado a la noche volvió a su casa después de un casamiento y encontró a su esposa con dos niños: una mujer y un varón de un año y medio de edad. “Le pregunté a mi señora qué había pasado”, dijo Riancho en la audiencia. “Y ella me dijo: hubo una redada de los militares, se llevaron a la señora y me dejaron los chicos a mí.”

El niño de año y medio era Juan Pablo Moyano, hijo de Elba Altamirano y Edgardo Moyano. Una patota de la ESMA acaba de secuestrar a su madre, y había dejado al niño en casa de los vecinos. Riancho fue a la comisaría de Villa Martelli. Desde allí lo mandaron al Juzgado de Memores 2 de San Isidro. Le dijeron que volviera a su casa, esperara unos días y que iban a mandarle a la prensa.

“Veamos entonces qué dijo Riancho cuando los medios de prensa se acercaron a su domicilio”, explicó Soiza Reilly durante el alegato. “A su casa fueron los medios Clarín y La Nación. Que se negaron a publicar la verdad de lo ocurrido: es decir, que Elba había sido secuestrada por fuerzas militares. Cuando llegaron reporteros del diario Crónica le dijeron: ‘Mire, esto no se puede publicar. Vamos a decir que usted los encontró en la vereda’.”

El artículo de Crónica apareció proyectado en la sala. Día 17 de enero de 1978. Título: “El drama de un niño solo”. Poco mas abajo, en la bajada: “¿Cómo pudo perderse?” La nota habla de la “aparición” de un niño en las inmediaciones de la calle Italia al 4200 de Munro. Pero omitió, dijo la fiscal, “que la madre del menor había sido secuestrada, golpeada, maniatada y trasladada a un campo de exterminio. La información brindada por los medios de comunicación gráficos era una vez más falsa”.

Adriana Suzal una de las sobrevivientes del Ceferino Namuncurá se acordó en ese momento de la obra de León Ferrari. Y dijo: “Es como si hablaran de este momento.”

Elba fue vista por última vez en la ESMA. El juzgado de menores entregó a su hijo Juan Pablo en adopción irregular, y recuperó su identidad en 1984.

El día de la audiencia, Cristina Fernández de Kirchner se despedía desde la Plaza Mayo. “A las doce de la noche de hoy, se termina esta paparruchada”, se le escuchó masticar entre dientes a un defensor privado de los represores. A sala llena, entre las imágenes de los desaparecidos, estuvieron los integrantes de HIJOS y de las agrupaciones que volvieron a darse cita en la calle y en las salas para sostener los juicios a los represores. Raquel, una integrante de HIJOS, al escuchar el alegato se preguntó en voz alta si el pedido de la fiscalía podría permitir empezar a pensar en una imputación para los medios.

Por las pantallas de la sala, continuaron reproduciéndose otras notas. Todas asociadas a las víctimas de la ESMA. En ellas, los datos resaltados por los fiscales fue el modo en el que las adjetivaciones contribuyeron a configurar la figura del enemigo.

- Familias El Ganame, Adjiman, Schajaer, Brotman. Fueron víctimas del GT. El 8 de septiembre de 1976, un artículo del diario La Nación los calificó como “extremistas”, “peligrosos para la sociedad”.

- Carlos Armando Grande. El 19 de diciembre de 1976, el diario La Nación informó que el Comando II Cuerpo de Ejército, a las 19 horas del 17 de noviembre de 1976 en la zona descampada próxima a un arroyo de la localidad de Villa Constitución, impartió orden de detención a personas sospechosas, resultando abatidos tres delincuentes subversivos. En ese operativo, Grande fue trasladado a la ESMA para ser interrogado y más tarde desaparecido.

- Norma Arrostito fue secuestrada por los miembros del GT y llevada al campo de concentración de la ESMA el 2 de diciembre de 1976. Estuvo secuestrada cerca de dos años y finalmente fue asesinada. El diario Clarín habló del abatimiento de una “cabecilla de la subversión”. La Revista Gente del 23 de febrero de 1977 la mencionó en medio de un relevamiento que daba cuenta que entre el 24 de marzo y el 2 de diciembre de 1976 las Fuerzas Armadas habían asesinado a más de 600 guerrilleros.

- El diputado Miguel Zavala Rodríguez fue asesinado por el GT de la ESMA. El 26 de diciembre de 1976, el diario Clarín publicó: “Abatimiento de 16 subversivos, incluido el ex diputado nacional, Zavala Rodríguez”. La Nación publicó: “Fueron abatidos otros 16 subversivos incluyendo al ex diputado nacional Miguel Zavala Rodríguez”.

- Wenceslao Eduardo Caballero fue nombrado por el diario La Razón como “sedicioso”. En la nota se da cuenta de un “enfrentamiento” entre fuerzas de seguridad y delincuentes subversivos ocurrido el 25 de marzo de 1977 “lográndose abatir a uno de los sediciosos”.

- Juan Julio Roqué fue asesinado por el GT de la ESMA en un mega operativo. El 30 de mayo y el 5 de junio de 1977, el diario Clarín publicó la noticia. En una de ellas, agrega: “La victoria final está próxima, el éxito de las fuerzas legales es el fruto del decidido apoyo de la población. Estos hechos lo demuestran, así habrá paz.”

- Gustavo Grigera fue secuestrado en medio de un operativo. El diario La Prensa del 19 de julio de 1977, tituló: “Un procedimiento antisubversivo en el Hospital Italiano de esta Capital”. El diario Clarín tituló “detuvieron a dos subversivos”. Y dieron cuenta del “espectacular” procedimiento realizado por fuerzas de Seguridad en el Hospital Italiano, y en el cual fue detenido el médico Gustavo Grigera. Se califica a la víctima de extremista.

- Las víctimas de la Iglesia Santa Cruz fueron secuestradas entre el 8 y el 19 diciembre de 1977. El GT montó una foto fraguada de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet con la bandera de Montoneros en las espaldas. El 18 de diciembre Clarín informó que las religiosas habían sido secuestradas por la subversión. El 15 de diciembre La Nación publicó una crónica titulada: “Vivas y con buena salud”.

- Fernando Diego Menéndez fue asesinado por el GT. Sus padres fueron obligados por los represores a contar en una carta que su hijo era un delincuente y que fue abatido en un enfrentamiento con fuerzas “legales”. Solo así los miembros del GT prometieron restituir su cadáver para que pudieran darle sepultura. El 24 de diciembre de 1978 el diario La Nación publicó la carta.

- Thelma Jara de Cabezas se sumó a Madres de Plaza de Mayo luego de la desaparición de un hijo. El GT la secuestró el 30 de abril de 1979. Durante el cautiverio, la forzaron a maquillarse y vestirse y le organizaron entrevistas en medios gráficos para negar su propia desaparición en notas que además buscaban desprestigiar a los organismos de derechos humanos. La revista Para Ti publicó “Habla la madre de un subversivo muerto”.

“Señores jueces –dijo la fiscal– es hora de reparar. Es hora de decir la verdad. Que se haga el esfuerzo más tangible para remediar el daño que las víctimas han sufrido. Ustedes y nosotros sabemos lo que representa una sentencia judicial, y más, lo que representa una sentencia recaída en este proceso, el juicio más grande de la historia judicial argentina. Una sentencia como un acto declarativo de certeza. En un proceso, donde, con todas las garantías constitucionales que hacen a la defensa en juicio, acreditamos cada uno de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada”.

La sala aplaudió. Los integrantes del TOF 5 no demoraron un minuto en abandonar la sala. Usaron algunos segundos para anunciar que las audiencias van a retomarse en febrero. Y se fueron. En los pasillos, quedó Jorge Chapuis, un exiliado uruguayo. “Me quedo con la iniciativa que me parece espectacular –dijo–. Pero me pregunto cómo se va a instrumentar todo esto: ella dio cuenta de algunos casos, pero acá hubo una construcción de todos los días, fue una construcción a diario”.