El caso Schiavini tendrá mañana un paso más en dirección al cumplimiento de lo acordado por el Estado argentino con María Teresa Schnack, la madre del poeta, asesinado durante un tiroteo entre policías y ladrones en Lomas de Zamora hace más de 15 años. Se realizará una audiencia que forma parte de la solución amistosa, acordada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella se establecerá el resarcimiento económico que se compromete el Estado a pagar a la familia de Sergio Schiavini.

La audiencia oral se llevará a cabo el martes a las 10 de la mañana en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La audiencia forma parte del “acuerdo de solución amistosa” firmado en marzo del año pasado en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana. Fue la primera vez que el Estado argentino reconoció a nivel internacional su responsabilidad en la muerte de Schiavini. El poeta fue asesinado en la madrugada del 29 de mayo de 1991, en la confitería Dalí, en Lomas de Zamora, durante un tiroteo entre policías y ladrones. Cuatro delincuentes armados asaltaron el local y robaron la recaudación y el dinero y pertenencias de los clientes, pero al verse rodeados por la policía, se atrincheraron y tomaron como rehenes a todos los presentes.

Durante casi media hora, los ladrones se tirotearon con los policías. Como consecuencia del enfrentamiento murió Sergio Schiavini, de 32 años, quien en ese momento se encontraba entre los rehenes tomados dentro del bar. El hecho fue ocultado incluso, inicialmente la Bonaerense incluyó a la víctima entre los delincuentes. Desde entonces se sospechó que las balas que lo habían matado habían sido las policiales, aunque la Justicia absolvió a los efectivos y condenó sólo a los ladrones.

Tras la sentencia, la madre de Schiavini apeló las sentencias, se quejó frente al Gobierno, presentó denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos y fue amenazada. Desde que se inició la causa 12.080 en la CIDH, el Estado argentino envió a esa comisión siete informes deslindando responsabilidades: tres durante el gobierno de Carlos Menem y cuatro en el de Fernando de la Rúa. Ahora, con Néstor Kirchner, por primera vez el Estado reconoció su responsabilidad en el crimen.

Durante la audiencia, se establecerá el resarcimiento económico que el Estado deberá abonar a la familia. En la audiencia participará un Tribunal Arbitral ad hoc compuesto por dos árbitros nacionales, uno de parte y otro estatal y será presidido por Víctor Rodríguez Rescia, un experto internacional de nacionalidad costarricense. Según Schnack, durante la misma declararán ocho testigos, entre los que se encuentran un médico forense, peritos, amigos y allegados a Sergio y su otro hijo.