La ex presidenta argentina, María Estela Martínez de Perón, acudió este lunes a la Audiencia Nacional de España, en el marco del proceso abierto por el pedido de extradición de la justicia argentina por su presunta implicación en los crímenes cometidos por la Triple A y por dos desapariciones.

La audiencia que se llevó a cabo tenía como objetivo la exposición por parte de la fiscalía y la defensa de sus respetivos argumentos a favor y en contra de la extradición a la Argentina de la viuda del general Juan Domingo Perón.

La ex mandataria (1973-1976), quien permaneció aproximadamente una hora en el tribunal ubicado en la calle Génova de Madrid, estuvo acompañada por su letrado, Antonio Hierro Echeverría, y al salir no quiso hacer declaraciones.

El abogado de "Isabelita", Antonio Hierro Echeverría, dijo que no haría valoraciones sobre el procedimiento de extradición "por respeto al tribunal" y se remitió a los plazos que marca la ley.

En tanto, fuentes judiciales indicaron que el tribunal decidirá si concede o no la extradición a la Argentina no antes del próximo lunes, aunque la resolución puede tardar más de 30 días.

La decisión definitiva sobre la extradición de "Isabelita" la tomará el Consejo de Ministros español, una vez que resuelva la justicia española.

La viuda de Perón, de 76 años, fue detenida el 12 de enero de 2007 en su casa de las afueras de Madrid, en cumplimiento de una orden de captura internacional y extradición dictada por el juez mendocino Héctor Acosta, quien investiga la desaparición de dos ciudadanos mendocinos.

Desde entonces y tras rechazar un segundo pedido de extradición dictado por el juez Norberto Oyarbide, en el marco de la investigación de los crímenes cometidos por la organización Triple A, María Estela Martínez de Perón se encuentra en libertad provisional con la obligación de comparecer cada 15 días.

Según fuentes judiciales, el letrado volvió a alegar hoy que Isabel Perón tiene nacionalidad española para rechazar la extradición, al tiempo que insistió en que los tribunales argentinos carecen de jurisdicción para procesar a la ex presidenta.

Además, la defensa se refirió al delicado estado de salud y la avanzada edad de la ex mandataria, quien en febrero de 2007 sufrió un accidente doméstico que motivó una intervención quirúrgica debido a que se quebró su brazo derecho.

No se veía a Isabel Perón en la Audiencia Nacional desde finales de marzo de 2007, cuando sorprendió al aparecer en el tribunal a sólo dos semanas de haberse ausentado de otro juicio, en el que su abogado alegó "problemas psiquiátricos y psicóticos, al presentar bipolaridad en su personalidad", para justificar su ausencia.

En el marco de ese proceso, el 22 de mayo pasado, la justicia española ordenó el embargo de bienes inmuebles y cuentas bancarias de María Estela Martínez de Perón por un valor de más de 7,7 millones de dólares, reclamados por la Fundación por la Paz y la Amistad de los Pueblos (FUNPAZ), que le disputa el legado de Perón.

El juez Acosta reclama a la ex presidenta por la desaparición en marzo de 1976 de Héctor Aldo Fagetti Gallego, de 26 años, y por la privación ilegal de libertad de Jorge Verón, un menor de 17 años, antes de que se produjera el golpe militar que derrocó a su gobierno.

El magistrado estima que estos hechos fueron una consecuencia de la firma de tres decretos en 1975, que autorizaron a las Fuerzas Armadas a "aniquilar el accionar de la subversión". Por su parte, Oyarbide investiga la responsabilidad de la ex mandataria en los delitos de "lesa humanidad" cometidos durante su gobierno por la Alianza Anticomunista Argentina.

En su pedido, Oyarbide afirma que "la asociación ilícita denominada ’Triple A’" se "habría gestado y funcionado" en "la órbita de uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, el de Bienestar Social", que tenía a su cargo el fallecido José López Rega.

En el marco de la misma causa, el pasado 19 de marzo el presunto cabecilla de la Triple A, Rodolfo Almirón, llegó a Argentina extraditado desde España.