El director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto, solicitará hoy al Consejo de la Magistratura de la Nación que remueva y someta a un jury de enjuiciamiento al presidente del Tribunal Oral Federal Nº1, Carlos Otero Alvarez, por su complicidad con delitos cometidos durante la última dictadura como secretario del juez federal Adolfo Zamboni Ledesma. El TOF-1, que deberá juzgar al ex comandante del Cuerpo III general (R) Luciano Benjamín Menéndez y a otros siete militares en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de la provincia, rechazó la semana pasada por “improcedente” un pedido de recusación formulado por la regional local de H.I.J.O.S. Ya en 1990 una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había destacado la “complicidad manifiesta” del juez y su secretario en el secuestro y las torturas a Héctor López Aurelli.

Ex delegado bancario, militante católico y de la Juventud Peronista, “Vitín” Baronetto padeció en carne propia a Otero Alvarez en plena dictadura. El 22 de marzo de 1977 Zamboni Ledesma y su secretario se presentaron en la cárcel de Sierra Chica para tomarle declaración indagatoria, recordó ante Página/12.

–Antes de responder cualquier pregunta, quiero saber por qué mataron a mi mujer –indagó a los funcionarios.

Se hizo un silencio, hasta que Otero Alvarez tomó la palabra:

–Mire, Baronetto. Lo único que puedo hacer es leerle este parte militar.

Leyó entonces un comunicado sobre la muerte de seis “delincuentes subversivos” el 11 de octubre de 1976, mientras eran trasladados desde la cárcel del barrio San Martín a un destino desconocido. “Vehículos civiles” interceptaron a la patrulla, se produjo un “intenso tiroteo” que terminó con seis muertos de un lado y ni un rasguño del otro.

–Eso a mí no me dice nada. Acaban de escuchar a Eduardo De Breuil contar que lo obligaron a presenciar el fusilamiento de su hermano y el comunicado dice que fue durante un “intento de fuga”. Usted sabe que esos partes son pura mentira. Yo quiero saber quién autorizó que mi mujer fuera sacada de la cárcel, ya que estaba bajo las órdenes de ustedes –preguntó Baronetto, detenido junto con su esposa, Marta Juana González, en agosto de 1975, torturados ambos en el centro clandestino que funcionó en el D2 de la policía provincial–. Zamboni Ledesma, ya fallecido, se mantuvo en silencio. Otero Alvarez repitió “no podemos hacer nada” y ante la insistencia de Baronetto su defensor oficial, Luis Molina, le advirtió que “el único perjudicado va a ser usted, deje las cosas como están”.

Baronetto también relatará ante el Consejo de la Magistratura que siete meses antes del golpe de Estado denunció ante el Juzgado que integraba Otero Alvarez las torturas a las que fue sometido junto con su mujer. “Tanto me torturaron que tuvieron que internarme en el policlínico policial. Lo relaté cuando me indagaron, pero no investigaron ni hicieron nada”, relató el actual funcionario.

El documento que presentará incluye una cita de la apelación del defensor oficial Marcelo Arrieta durante el Juicio por la Verdad de Córdoba, en 2003. “Párrafo aparte merece la participación del ex secretario del Juzgado Federal Nº1, Carlos Otero Alvarez, quien en ocho ocasiones autorizó traslados de detenidos en un claro exceso funcional, toda vez que la única autoridad capaz de disponer de los detenidos era y sigue siendo el juez”, apuntó. Al menos treinta detenidos antes del golpe y “trasladados” con el visto bueno de la Justicia después del 24 de marzo fueron asesinados en tiroteos que sólo existieron en los comunicados militares. “En el caso de cuatro personas brutalmente fusiladas el 17 de mayo de 1976, la orden del general (Juan Bautista) Sasiaiñ (jefe del área 311 y responsable de cuatro centros clandestinos en Córdoba) al director de la cárcel para que retire a los presos es anterior a la autorización del Juzgado, que sin embargo nada investigó luego”, agregó Baronetto.

H.I.J.O.S. regional Córdoba recusó a Otero Alvarez por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fundó el pedido en una denuncia contra Zamboni Ledesma y su secretario formulada por el abogado Rubén Arroyo, integrante de la Conadep en 1984, por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos de la Unidad Penitenciaria 1 en 1976, y por el caso de Héctor López Aurelli, que derivó en una penalización de la CIDH a la Argentina en 1990. Secuestrado en noviembre de 1975, López Aurelli fue torturado por miembros del D2 de la policía de Córdoba. En 1979 el Juzgado Federal Nº1 lo condenó a reclusión perpetua. “Las pruebas de cargo que sirvieron de base a su condena fueron confesiones obtenidas bajo tormento y por tanto carentes de todo valor, que no fueron ratificadas en sede judicial pese a las presiones a que se le sometiera”, apuntó la CIDH en su informe 74/90, que destacó la “complicidad manifiesta” del juez y su secretario. “Los jueces federales tenían pleno conocimiento de la existencia de campos de concentración en su jurisdicción”, concluyó.

Los miembros del TOF-1 Jaime Díaz Gavier, José Vicente Muscará y el propio Otero Alvarez rechazaron la recusación por “manifiestamente improcedente”. En su defensa, el acusado sostuvo que la denuncia “pretende temerariamente extender” la responsabilidad del juez “a un secretario de juzgado”. Sus colegas coincidieron en minimizar su rol. “Fue sólo en el marco de su función como secretario penal”, escribieron. La “reserva de Casación” formulada por H.I.J.O.S. le permitirá apelar la resolución del TOF-1 cuando concluya el juicio a los genocidas.

“El tribunal dio una respuesta jurídica”, analizó Baronetto. “Lo que vamos a plantear es la sanción de la conducta del ex secretario porque entendemos que antes de ser funcionario judicial era funcionario público, y como tal tenía la obligación de denunciar los delitos que conocía. Es incompatible que sea el juez en esta causa.”

Consultado sobre la posibilidad de que el jury en el Consejo de la Magistratura demore el comienzo del juicio, Baronetto explicó: “Menéndez está condenado por la sociedad y, si esperamos 32 años, podemos esperar unos meses más. Lo que no podemos permitir es que los magistrados queden impunes de esta forma. Todos tienen que ser juzgados, también la jerarquía eclesiástica que sostuvo ideológicamente y los empresarios que financiaron el terrorismo de Estado”.