En el mismo dictamen se incluyó el proyecto del Ejecutivo que establece cambios que apuntan a actualizar el instrumento de financiación conocido como warrants, o sea los certificados de depósito que sirven como garantía para acceder a créditos.

En una sesión que se extendió por más de dos horas en el Anexo de la Cámara Baja, la Comisión que preside la diputada oficialista Vilma Ibarra logró elaborar un dictamen de mayoría sobre ambas normas, que será girado para ser tratado en el plenario de las Comisiones de Agricultura y Presupuesto posiblemente esta misma tarde.

Se trata de dos de las leyes complementarias que el oficialismo busca impulsar en la cámara baja en el marco del debate parlamentario del proyecto que estableció el régimen de retenciones móviles, con el objetivo de ampliar los consensos en torno a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

En primer término se consideraron las modificaciones al régimen de los arrendamientos rurales y aparcerías, establecido por la ley 13.246, y los cambios a introducir en los artículos 4 y 39, para extender el plazo de los arrendamientos a cinco años, y sobre las responsabilidades de los arrendatarios.

Las modificaciones se realizaron sobre una iniciativa presentada por el ex arista Eduardo Macaluse (SI), elaborado en base un proyecto de la Federación Agraria Argentina (FAA), y apuntan a mejorar la situación y proteger a los micro y pequeños productores rurales.

En cuanto al proyecto relacionado con los warrants, se trata de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece cambios que apuntan a actualizar este instituto, regulado en el Código de Comercio, "para que cumpla su función de garantía y posibilite el financiamiento de los productores", dijo el diputado oficialista Jorge Landau.

Los warrants son certificados de depósito que se entregan para acreditar la calidad y cantidad de una mercadería determinada, que queda almacenada en depósitos especiales y que sirven como garantía para acceder a créditos. De antigua data en el país, este instrumento fue regulado inicialmente por la ley 928, dictada en 1878.

Al comenzar la reunión el radical Pedro Azcoiti reiteró el planteo de la oposición para que se suspenda la resolución 125, hasta tanto se resuelvan en forma integral otras cuestiones como la lechería, ganadería y economías regionales, cuestión que fue rechazada por Ibarra porque, dijo, "no hacía a los temas de la convocatoria".

En el mismo sentido se presentó un pedido -no aprobado- por parte de una delegación de la Sociedad Rural, invitada a exponer, encabezada por Abel Guerrieri, quien solicitó una postergación del tratamiento de todos estos proyectos de 10 días por estar "estudiando" el tema.

Por su parte, el oficialista Alejandro Rossi destacó que el proyecto apunta a "recuperar el espíritu tutelar" de la ley de arrendamiento, "retoma el concepto del ciclo agrícola" e introduce una "figura novedosa del contrato promovida para la pequeña empresa agrícola".

Norberto Erro, de la Concertación Plural, hizo a su vez una detallada fundamentación sobre las modificaciones, mientras que la kirchnerista tucumana Stella Maris Córdoba dijo que de este modo "se retoma el espíritu de la ley 13.246 y se cumple el objetivo de que la tierra vuelva a tener un fin social".