El vicepresidente y comisario de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, Jacques Barrot, aseguró que América latina y los mandatarios de sus países "han leído mal" la Directiva de Retorno, recientemente aprobada por el Parlamento Europeo, "y a partir de ahí hubo un combate excesivo" hacia la nueva normativa.

"Europa no es una fortaleza. Necesitamos trabajadores inmigrantes", aseveró Barrot durante una teleconferencia de prensa con periodistas de cuatro países de la región, en la que llamó a los latinoamericanos a "quedarse tranquilos" porque las autoridades europeas garantizarán los derechos de los inmigrantes y que la aplicación de la Directiva de Retorno será adecuada en cada estado miembro de la Unión Europea.

El funcionario resaltó que Europa "no quiere cerrar las puertas al Mercosur" y que establecerá "acuerdos para que haya transferencia de personas" con el bloque, ante la consulta de cómo retomará Bruselas las negociaciones para un acuerdo de asociación birregional, estancadas desde hace más de dos años, frente al malestar de los jefes de Estado sudamericanos por la Directiva de Retono.

"Europa necesita mano de obra calificada", insistió, aunque aclaró que la UE "no pretende vaciar de cerebros" a América latina, y prometió reunirse con los presidentes de los países de la región, con los que además del Mercosur, Bruselas negocia otro acuerdo de asociación con la Comunidad Andina.

En cuanto al espíritu de la Directiva de Retorno, Barrot sostuvo que la Unión Europea necesita un ordenamiento jurídico de su política migratoria, por lo que se vio "obligada a alejar a los inmigrantes en situación irregular", en especial en los casos de tráfico humano, y consideró que la norma "representa un claro progreso" frente a las reglas que rigen en cada estado del Viejo Continente.

En ese sentido, sostuvo que la retención en centros por hasta 18 meses de los indocumentados que se nieguen voluntariamente a retornar a sus países de origen se dispondrá en "casos excepcionales", y negó que estos alojamientos sean cárceles o campos de concentración, ya que "estarán en condiciones humanas y supervisados por un juez".

Además, precisó que los inmigrantes retenidos contarán con asesoramiento jurídico y traductores hasta que se resuelvan sus casos, y que si la Comisión Europea "considera que cualquiera de ellos es maltratado, se le asignará un tribunal de justicia de las autoridades europeas".

"La idea es evitar un período excesivo de retención", que los inmigrantes retenidos "reciban ayuda y no permanezcan tanto tiempo" en esa situación, además de "hacer valer sus derechos", agegó.

"La Comisión Europea vigilará las condiciones en que estas reglas se apliquen en cada estado miembro" porque la Directiva de Retorno "no puede ser pretexto para que algunos países endurezcan sus normas migratorias", explicó.

Por otra parte, aclaró que la Directiva de Retorno "no obliga a devolver a todos los inmigrantes ilegales" y que estipula que "no se puede expulsar de cualquier manera sino bajo ciertas condiciones".

Ante la insistencia de los periodistas de las dificultades en los países de la región para entender los "progresos" de la Directiva de Retorno y la posibilidad de cometan abusos en su aplicación, Barrot adelantó que "está en preparación un pacto de inmigración" entre los países de la Unión Europea que "no sea una ley de la jungla".