Muñoz afirmó que en realidad el Estado no planea una expropiación, sino lisa y llanamente una "confiscación", y lo acusó de no respetar el acta acuerdo firmada en junio pasado, cuando se resolvió que cada parte podría un tasador de la empresa y si no se ponían de acuerdo, recurrirían a un tercero.

Indicó en declaraciones radiales que "el Estado (argentino) se ha negado a un tercer valuador" y se preguntó por qué razón, si cree que su tasador ha puesto un precio justo, "tiene miedo" a una tercera opinión.

"Nuestra posición es obviamente ejercer nuestros derechos. No entendemos que sea una expropiación, sino una confiscación. En julio firmamos un acta acuerdo donde nos comprometemos a vender y el Estado a comprar", remarcó el ejecutivo.

Además, subrayó que allí se especificó que "el estado nombraba un valuador, nosotros otro, y si no nos poníamos de acuerdo un tercero", pero puntualizó que el Gobierno "se ha negado" a esta posibilidad.

"¿Por qué el Estado no lo hace si está tan seguro que la tasación es correcta? ¿Qué miedo tiene a una tercera opción?", cuestionó el directivo de Marsans.

En consecuencia, aseguró que el conflicto continuará "tanto en la Corte Internacional como las cortes de justicia argentina".

"No podemos consentir que se apropien sin pagar un precio justo", afirmó Muñoz.