La prohibición, en perjuicio de la agencia oficial de noticias Télam y de Canal 7, únicos autorizados hasta ese momento, originó incidentes en la sala del público, donde estaban presentes sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que estaban bajo las órdenes de Olivera Róvere y familiares de las víctimas.

El TOF 5 sólo permitió obtener imágenes del tribunal y de la sala de audiencias antes de que ingresara el acusado, desobedeciendo así una acordada de la Corte Suprema que ordenó la publicidad de los juicios contra represores de la dictadura; el resto de los medios ni siquiera pudo ingresar a la sala de audiencias.

Los jueces Daniel Obligado, Guillermo Gordo y Ricardo Frías, ya habían dejado trascender su oposición a la presencia de reporteros gráficos y cámaras en la audiencia a lo largo del proceso, a contrapelo de la orden de la Corte Suprema sobre la difusión pública de estos juicios.

Olivera Róvere, de 82 años, debe rendir cuentas ante la Justicia por más de un centenar de secuestros y desapariciones y los homicidios de cuatro ciudadanos uruguayos que estaban refugiados en la Argentina.

El ex represor ocupó en 1976 la vicecomandancia del I Cuerpo de Ejército -debajo del comandante Guillermo Suárez Mason-, y, como jefe de la subzona represiva de la Capital Federal, fue el responsable directo de los centros de torturas de toda la Capital, según la acusación.

Al acusado se le imputan 116 secuestros y desapariciones -entre otros, el del escritor chacabuquense Haroldo Conti- y de cuatro homicidios que tuvieron como víctimas a los cuatro ciudadanos uruguayos refugiados en Argentina: Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz -ambos parlamentarios en su país-, Rosario Barredo y William Whitelaw.