El gobierno "no tiene ningún derecho a infundir intranquilidad" porque la Seguridad Social española tiene superávit, declaró Méndez, mientras Toxo estimó las propuestas "injustas e innecesarias". "Cada vez que hacen una reforma laboral, los trabajadores damos tres pasos hacia atrás", afirmó José Manuel Martínez, trabajador gráfico, de 58 años, quien estimó que el gobierno socialista "está haciéndole la política sucia a la derecha de este país".

Barcelona, Valencia y una decena de ciudades más fueron escenario de las manifestaciones, mientras que en otras localidades españolas habrá manifestaciones hasta el 6 de marzo.

El objetivo es que el ejecutivo socialista "rectifique y dé marcha atrás en su pretensión de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años", indicó CCOO en un comunicado. El gobierno socialista había presentado la propuesta de aumentar la edad de jubilación en enero, con el argumento de garantizar el pago de las pensiones a partir de 2030, y pretende debatirla con los demás partidos políticos antes de su aprobación.

Según el gobierno, la Seguridad Social tendrá fondos para pagar las pensiones de jubilación hasta 2023 y, si se utiliza el fondo de reserva, hasta 2030. Actualmente la Seguridad Social goza de superávit, con unas reservas de 60.000 millones de euros.

"Deseo para España un sistema de protección social o pensiones sólido, no sólo para la década (...), sino para dentro de 20 ó 30 años", declaró el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. La razón alegada es que el progresivo envejecimiento de la población en Europa y una vida más larga harán que a medio plazo aumente el número de jubilados frente al de trabajadores, que son quienes cotizan a los sistemas de seguridad, del cual salen las pensiones a los que ya no trabajan.

Trabajar más años supondrá aumentar las cotizaciones para pagar a esa mayor cantidad de jubilados. Zapatero aseguró que esta reforma se adoptará "con acuerdo" de los partidos políticos y sindicatos "porque es del interés de todos los ciudadanos".

Los sindicatos ya respondieron señalando que esas previsiones son sólo "posibles", y subrayaron que el problema de las pensiones en España lo tiene ahora, ya que son más bajas que en otros países de la Unión Europea (UE).

Además propusieron que para garantizar la solvencia de la Seguridad Social, se reduzca el número de empleos temporales, ya que los contratos fijos establecen "bases de cotización más sólidas" a la Seguridad Social, y defendieron que los trabajos más "penosos" puedan aplicar la jubilación anticipada.

El 84 por ciento de los españoles está en contra de trabajar dos años más, según las encuestas realizadas desde que el Ejecutivo presentó su propuesta, que se enmarca en un contexto de recesión de la economía desde finales de 2008 y de un fuerte aumento del desempleo, que trepó al 19 por ciento de la población activa, del déficit fiscal y de la deuda pública.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, declaró en Madrid que "incentiva" a los países europeos que no lo han hecho todavía "a que promuevan las refomas necesarias para la sostenibilidad de esos sistemas" sociales.