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La mujer, quien había logrado la libertad en enero último cuando una sala "de feria" le concedió el beneficio, volvió a quedar detenida días después, porque Oyarbide amplió las imputaciones en su contra, atribuyendo presunta participación en maniobras de lavado de dinero.

Los defensores de Aballay, los letrados Mario Fenzel y Daniel Pastor, apelaron la resolución de primera instancia al sostener que los elementos que tuvo en cuenta el juez para revocar la exención de prisión ya estaban en el sumario cuando se dictó la medida que permitió su libertad.

La Sala II de la Cámara afirmó que, además de los elementos incriminatorios contra Aballay que ya existían en el sumario penal, luego del fallo del tribunal "de feria" que favoreció a la imputada, se sumaron otras pruebas en contra de quien tenía el manejo de la Obra Social Bancaria.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah mencionaron la supuesta "adulteración de 10 ampollas del medicamento Beriate P1000 que fueran entregadas por Droguería San Javier a un afiliado de la Obra Social Bancaria" que declaró como testigo ante Oyarbide.

El tribunal valoró también un informe "en el que se mencionan diversas irregularidades" que la intervención designada en la obra social elevara a la Presidencia de la Nación, que fue aportado al sumario que instruye Oyarbide el 9 de febrero último.

"El análisis conjunto de tales elementos y los anteriormente colectados, y las diversas aristas sobre las que debe ahondarse la investigación, fueron las pautas que inclinaron al instructor a resolver que la libertad de Aballay a esta altura podría frustrar los fines del proceso", agregaron Irurzun y Farah.

Aballay intentó, sin éxito, apartar de la causa, con sendos pedidos de recusación, a Oyarbide, a los camaristas de la Sala II y al fiscal Germán Moldes. La Sala II tiene a estudio la apelación de Aballay, Zanola y otros imputados contra los procesamientos que los ubican como pertenecientes a una asociación ilícita que comercializaba medicamentos robados, adulterados o de distribución gratuita.

Además de Aballay y Zanola, en la causa y sus expedientes conexos hay otros 23 procesados, 15 de los cuales tienen dictada prisión preventiva.