La decisión, tomada por el magistrado Luciano Varela, que instruyó esa causa contra Garzón, se produce un día después de que Garzón solicitase su traslado a la Corte Penal Internacional (CPI) para trabajar durante un periodo inicial de siete meses como asistente del fiscal jefe de ese tribunal sito en La Haya, el argentino Luis Moreno Ocampo.

La apertura del juicio oral pone ahora en peligro el traslado de Garzón a la ciudad holandesa, ya que esa medida supone, según la ley, una suspensión del juez en sus funciones, y un juez suspendido no puede ser destinado a servicios especiales.

El Tribunal Supremo envió el auto de apertura de juicio oral contra Garzón al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es el que tiene que decidir sobre la suspensión de Garzón. El órgano de gobierno de los jueces es también el que debe dar el visto bueno para el traslado de Garzón a La Haya, contando con un dictamen favorable del Ministerio de Exteriores.

El proceso comenzó con una querella contra él por prevaricación presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias. Se le unió la organización Libertad e Identidad y posteriormente presentó otra querella Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), si bien esta formación fue expulsada del proceso recientemente.

Las organizaciones de ultraderecha sostienen que Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977. Garzón defiende que el derecho internacional está por encima y sí podía hacerlo.

Después de haber acusado al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España, Garzón se vio obligado en noviembre de 2008 a abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país.

La fiscalía ha pedido en repetidas ocasiones el archivo del caso al no ver indicios de delito de prevaricación en la actuación de Garzón. A la fiscalía, que defiende que no se puede abrir juicio oral sin que ella esté presente en la acusación, respondió hoy el juez Varela que "omite, olvida o ignora" el criterio del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de hacerlo a instancias sólo de la acusación popular.

Al imputarle el delito de prevaricato, Varela sostuvo que, una vez aprobada la ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón decidió en 2008 "superar la limitación que dicha ley imponía" e intentó "asumir el control de las localizaciones y exhumaciones de cadáveres de víctimas de la represión civil y militar" del franquismo.

Una vez dictada la apertura de juicio oral, la resolución debe ser trasladada al CGPJ, que podría decidir hoy mismo la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional, antes de dar el visto bueno a su solicitud de ser trasladado al Tribunal dependiente de Naciones Unidas.

Tanto de producirse su traslado o suspensión, Garzón abandonaría el cargo que ocupa desde 1988, y desde el cual llevó adelante algunas de las investigaciones más importantes de la historia judicial de España contra el narcotráfico, el terrorismo internacional, y la organización separatista vasca ETA. Desde la Audiencia Nacional, el magistrado se hizo mundialmente famoso al aplicar el principio de justicia universal para perseguir al dictador chileno Augusto Pinochet, y logró que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Sclingo por crímenes de lesa humanidad.