Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, expresó que “el Bicentenario es una buena oportunidad para expresar un compromiso de toda la clase política argentina con este proceso de justicia y remarcar su valor para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. No se trata sólo de juzgar hechos del pasado sino de sentar las condiciones para la convivencia futura y de dar un sustento ético al Estado de derecho”.

La declaración, realizada en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, reafirma la necesidad de “asegurar el proceso de verdad y justicia como una política de Estado de carácter irrenunciable, que debe completarse en plazos razonables dentro del más absoluto respeto a las garantías del debido proceso”.

En sus fundamentos, el proyecto del CELS rescata el valor del trabajo iniciado por la CONADEP y subraya la importancia del Juicio a las Juntas, realizado en el año 1985. También recuerda que, después de un largo período de impunidad, la reapertura de las causas en 2001 con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad en la causa Simón y la aceleración del proceso en 2005 con el aval de los tres poderes del Estado inauguró una nueva etapa de legitimidad para las instituciones.

De acuerdo con la resolución de la Cámara baja, “esta política de memoria y justicia, que nos distingue hoy como país en la comunidad internacional representa una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”.