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Los legisladores Juan Carlos Morán, Adrián Pérez, Carlos Comi y Horacio Piemonte realizaron este mediodía la presentación ante el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, luego de que el magistrado Norberto Oyarbide cerrara la causa que también apuntó contra los Kirchner por supuesto enriquecimiento ilícito.

"Venimos a solicitar tome la intervención para la que resulta competente, a fin de que se investigue a los denunciados en la presente causa como integrantes de una asociación ilícita, por la posible comisión del delito de lavado de activos previsto en el artículo 278 del Código Penal", indica la denuncia.

Entre los denunciados, figuran junto con CFK, Kirchner, Jaime y De Vido, los empresarios Cristóbal López, Lázaro Báez, Juan Carlos Relats y Rudy Ulloa Igor.

El texto agrega que "los denunciados no sólo han incrementado su patrimonio ilícitamente durante el desempeño de sus cargos públicos, sino que también han cometido el delito de lavado de activos".

Los diputados de la Coalición pidieron que se investigue "particularmente" si el matrimonio Kirchner cometió "el delito de lavado de activos" proveniente de "fraude, cohecho, tráfico de influencias, malversación de causales públicos y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados".

Según indicaron en su denuncia, la evolución patrimonial del titular del PJ fue de "más de un 700 por ciento desde 2004 a la fecha. Este incremento ocultaría un proceso mediante el cual empresarios beneficiados con grandes negocios con el Estado le retornan a su patrimonio privado beneficios ilícitos, es decir, integran al sistema económico real dinero de corrupción con apariencia de obtenerlo en forma lícita", se agregó en la presentación.

De este modo, se pretende probar que los empresarios cercanos al Gobierno realizan negocios y luego les pagan retornos con algún mecanismo que les permite "blanquearlo" en su patrimonio privado, sostienen los denunciantes.

El diputado Morán precisó que en el supuesto "modus operandi" de los Kirchner hay "una característica" en común que apunta a que "los empresarios que los benefician en su patrimonio privado, en paralelo hacen grandes negociados con el Gobierno".