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El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Nicolás Fernández, consideró el Acceso a la Información como "un derecho humano fundamental que debemos garantizar entre todos" y afirmó que "acordar en el Parlamento temas como este, que en definitiva tiene mandato constitucional, es un sinónimo de madurez política y de calidad institucional".

Básicamente, la iniciativa establece que "toda persona, física o jurídica, pública o privada, tiene derecho a requerir, acceder y recibir información pública en forma completa, veraz, adecuada y oportuna" y esto "no puede ser objeto de restricciones que le resten eficacia, o de interpretaciones que lo limiten" por parte de funcionarios del Gobierno.

De todas maneras, como hasta el momento el articulado del proyecto no generó el consenso necesario, Fernández confió que para fin de mes se consiga tener "un dictamen de mayoría en particular para completar su media sanción y girarlo a la Cámara de Diputados.

El jefe del bloque radical, Gerardo Morales, respaldó la aprobación en general el proyecto y adelantó, entre las disidencias que plantea en particular, la conveniencia de considerar el dictamen que sacó de comisiones la oposición en la Cámara de Diputados en lo que se refiere a las excepciones al acceso en la información, al tiempo que marcó la necesidad de que haya autoridad de aplicación de la ley en cada poder del Estado.

Morales confió que las diferencias se zanjen antes que se trate en el recinto el articulado de la iniciativa, la cual -destacó- avanza en lo que es "el principio activo de publicidad de la información".

En el debate, de más de cuatro horas, se coló el rol de la prensa en la formación de la agenda política y el jefe del bloque del FPV, Miguel Angel Pichetto, expresó que "es un fenómeno de las democracias modernas".

A su vez, el senador Samuel Cabanchik (Buenos Aires Federal), sostuvo que "una ley de libre acceso a la información pública va a ser un instrumento que le va a permitir a la sociedad en su conjunto crecer y dejar atrás la minoría de edad en que lo pone el secreto".

Una voz crítica del proyecto fue la de la cívica porteña María Eugenia Estenssoro, quien puso en consideración el proyecto "en vista de recientes actos del Poder Ejecutivo de recortar el acceso a la información publica" y apuntó como responsabilidad del Senado la de "asegurar que vamos a impulsar y debatir una buena ley, no cualquier ley".

En ese marco, la senadora discrepó con la propuesta que hace el dictamen que apoya el oficialismo en cuanto a la autoridad de aplicación de la ley y dijo no entender "por qué el apuro" para tratarlo en general cuando no se sabe "si vamos a poder encontrar consenso en los puntos críticos", dijo.