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"He conocido a muchos aportantes que querían participar colaborando con sus aportes conforme a la ley electoral", reconoció Cappaccioli, pero advirtió que "ningún aporte que haya pasado por mi persona y derivado a los responsables político y económico del Frente se ha efectuado sin cumplir los requisitos de la ley. Esto quiere decir que todos los depósitos que han pasado por mi persona fueron bancarizados".

El ex funcionario, de 52 años, prestó declaración indagatoria ante Oyarbide, el fiscal Luis Comparatore y el secretario Carlos Leiva, en una audiencia que se prolongó alrededor de dos horas, negándose a responder preguntas, y dijo que su ocupación es la de "operador de radio", actividad a partir de la cual se convirtió en dirigente sindical del gremio de ese rubro.

Cappaccioli se encuentra imputado por un presunto fraude al Estado en el pago a obras sociales de tratamientos médicos complejos que supuestamente no se realizaban, a través de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud, en la época en que él dirigía la SSS entre enero de 2006 y noviembre de 2008.

En ese sentido, admitió haber integrado "la junta promotora del Frente para la Victoria" cuando era funcionario del Gobierno nacional junto con "otras siete personas" y que ese colectivo depositó los fondos recaudados "en una cuenta abierta a tal efecto", así como "emitió las órdenes de pago correspondientes".

Sin embargo, intentó tomar distancia de esos manejos de dinero al negar su "injerencia directa ni indirecta sobre los subsidios y reintegros otorgados por la APE a los agentes de seguros de salud". Además, sostuvo que "se realizaron las auditorías en los ejercicios 2006 y 2007 y hubo audiencia pública". Del ejercicio 2008 no pudo realizar la audiencia pública por haberse aceptado su renuncia antes de finalizar el mismo, añadió.

Y se defendió manifestando que "no he aprobado el fideicomiso mencionado en la imputación que se me hace y muchos menos pude haberlo controlado ya que al momento de haberse aceptado mi renuncia el plan de crisis elaborado por la obra social bancaria estaba a consideración del Ministerio de Salud". El ex secretario kirchnerista negó "haber formado parte de ninguna asociación ilícita con el propósito de defraudar a la obra social bancaria".

Además de Capaccioli, el juez citó a declaración indagatoria a los también ex recaudadores de campaña Hernán Diez (director de Lotería Nacional) y Sebastián Gramajo (ex legislador), para el 19 y 21 de octubre respectivamente.

Oyarbide también convocó al sucesor de Capaccioli en la SSS, Juan Rinaldi, para el próximo 12 de octubre, y al ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Claudio Zin, para el 26 de octubre.

Ya declararon como acusados la jefa administrativa del Policlínico Bancario (POBA), Ana Kapfer; el encargado de la entrega y recepción de medicamentos, Carlos Bonano, y el titular de la farmacia del POBA, Sabrina Alegrito.

En la causa se estableció que droguerías y empresas farmacéuticas fueron aportantes a la campaña presidencial de 2007 de Kirchner-Cobos, entre ellas "San Javier", del detenido Néstor Lorenzo, y la que pertenecía a Sebastián Forza, una de las víctimas del "triple crimen de General Rodríguez".

Por la llamada "mafia de los medicamentos" están presos y procesados el líder del gremio bancario, Juan José Zanola; su mujer y ex secretaria administrativa del POBA, Paula Aballay; la ex subdirectora de esa entidad, Susana Fiona, y Lorenzo.

Todos están procesados como integrantes de una asociación dedicada a la comercialización de remedios oncológicos y para el HIV apócrifos o adulterados que se les suministraba a los pacientes del gremio bancario.