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Jaime había sido procesado en abril pasado por el juez federal Claudio Bonadío por haber realizado entre 2006 y 2008 una docena de viajes en avión a Brasil, Uruguay y Córdoba pagados por empresarios del transporte a los que debía controlar desde su cargo en el Gobierno.

En esa causa, la Cámara Federal también confirmó el procesamiento por dádivas del asesor de Jaime, Manuel Vázquez; del hijo de éste, Julián Vázquez; del ex director de Asuntos Públicos de Aerolíneas Argentinas Jorge Molina y del empresario del Grupo Plaza Claudio Cirigliano.

En tanto, el tribunal dictó la falta de mérito para otros cuatros imputados en la causa: el piloto Gustavo Carmona y los empresarios Carlos Alberto Lluch, Alejandro Ventola y Ricardo Izquierdo.

El abogado Gonzalo Díaz Cantón, representante de Carmona, uno de los empresarios señalados como quienes facilitaron viajes a Jaime, se mostró satisfecho con la resolución y confió en que su cliente "sea desvinculado definitivamente de la causa, ya que no tiene relación con ninguna situación anómala y ni siquiera conoce a Jaime".

El delito de dádivas tiene una pena de un mes a dos años de prisión para quien la recibe y de un mes a un año para la persona que la ofrezca. El Código Penal también condena con inhabilitación de uno a seis años para ejercer cargos públicos para los funcionarios que cometan ese delito.

Jaime también está siendo investigado por dádivas por el juez federal Norberto Oyarbide, en una causa donde se le imputa que directivos de la empresa TEBA, concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro, fueron garantes y pagadores del alquiler de dos departamentos que ocuparon él y su mujer, Silvia Reyss.

Oyarbide citó a indagatoria a Jaime y a Reyss, quienes apelaron la convocatoria porque señalaron que la causa se inició por enriquecimiento ilícito -la presunta compra por parte del ex funcionario de un avión Lear Jet y un yate-, por lo que no podía imputarlo de otro delito, y si era así el expediente debía pasar a Bonadío que ya lo investigaba por dádivas.

Pero los jueces de la Cámara -Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero-, rechazaron el argumento y confirmaron la indagatoria para la cual Oyarbide ahora deberá poner una nueva fecha de convocatoria.