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El ministro de Gobierno provincial, Jorge González, se presentó anoche ante la Legislatura para informar sobre los hechos registrados el pasado martes en inmediaciones de la colonia toba La Primavera, 190 kilómetros al norte de esta capital, donde un grupo aborigen cortaba la ruta nacional 86, en reclamo de tierras.

El funcionario reiteró ante los diputados su defensa del accionar de los efectivos, quienes "actuaron cumpliendo una orden judicial", manifestó. Luego admitió: "Estamos dispuestos a dialogar, pero si el otro sector no quiere, no sabemos cómo seguir", en referencia a la comunidad toba en conflicto.

González, de quien depende la policía de la provincia que actuó en la represión a los aborígenes, insistió en que "los primeros disparos vinieron del monte, del lado de los aborígenes, cuando una partida policial se acercó a constatar una denuncia del corte de un alambre divisorio de dos campos".

Los diputados del radicalismo pidieron detalles de los sucesos, especialmente sobre el calibre de las armas que terminaron con la vida del policía Eber Falcón y del aborigen Roberto López. "Eso no lo sabemos, es motivo de investigación judicial y no tenemos acceso al expediente", manifestó González.

El funcionario sostuvo además que a "la familia Celia (con quien los aborígenes disputan tierras) le asiste la razón de sus propiedades por residencia anterior a la ocupación indígena en la zona, la cual incluso fue reconocida y titularizada por el Estado".

"De allí lo inexplicable de los reclamos del grupo de treinta indígenas", indicó el ministro. "Es más, hasta se recordó que el mismo Félix Diaz -líder de los manifestantes- junto a otros profesionales del derecho como la abogada asesora de la Pastoral Aborigen, Roxana Ríos, y un magistrado judicial, reconocieron hace no mucho ese derecho a aquella familia y lo dejaron sentada en acta, algo que ahora desconocen”, enfatizó el funcionario provincial.