En la sesión de hoy, los legisladores escucharon a varios catedráticos de derecho de la Universidad de la República que expusieron sus argumentos sobre las consecuencias jurídicas de la aplicación de la norma y la situación en el mundo de otras leyes de amnistía aplicadas tras la salida de una dictadura.

De ser aprobada, los tribunales uruguayos tendrán que considerar protegidas por la Constitución todas las normas internacionales de defensa de los derechos humanos suscritas por el país, lo que implica que la Ley de Caducidad será inaplicable de forma automática perderá su vigencia.

El FA presentó la iniciativa pese a que la Ley de Caducidad fue aprobada por la ciudadanía dos veces en referéndum, uno en 1989 y otro en 2009, lo que supuso un golpe muy duro para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y sindicatos, los principales detractores de la medida.

En un principio, el FA confiaba en aprobar la ley sin mayores problemas, sin embargo la oposición de varios de sus legisladores a apoyar la medida desató una fuerte crisis interna en el seno de la organización que parece lejos de remediarse.