La detención de José Pedraza se concretó esta madrugada en su departamento de Puerto Madero, cuya vivienda ya había sido allanada por orden de la misma jueza, tal como informó Página/12 en su edición de hoy.

Por tal motivo, la UF decretó "el estado de alerta y movilización total del gremio en todo el país". A través de un comunicado, el secretariado nacional de la UF convocó a "todos los afiliados de las seccionales a sus respectivas cabeceras (de las líneas ferroviarias), permaneciendo atentos a las directivas que imparta la conducción".

Tras la declaración, durante cuatro horas, los trabajadores agrupados en la Unión Ferroviaria paralizaron el servicio de la línea Roca y parte de la línea Mitre, y marcharon a los Tribunales para repudiar la detención del secretario del gremio.

Desde el gremio de Pedraza, analizaron la detención: "Ante los últimos acontecimientos y pese a que en ningún momento interfirió la acción de la Justicia, ha detectado una sistemática campaña contra la institución y soportando numerosos allanamientos que afectaron su normal desenvolvimiento", remarcó el comunicado firmado por el secretario general adjunto de la UF, Guillermo D'Angella; y el secretario de Prensa, Raúl Castellano.

La UF denunció que se ha "detectado una sistemática campaña contra la institución" y acusó al PO de montar un maniobra "planfetaria, que en forma inmediata dispuso la detención" de Pedraza.

El dirigente del Partido Obrero, Marcelo Ramal, celebró el arresto del líder de la Unión Ferroviaria, pero advirtió que por el crimen de Ferreyra también hay "responsabilidades empresariales, policiales y del propio Estado". Según Ramal, el crimen de Ferreyra, ocurrido en octubre pasado, "debía tener un organizador, un responsable directo. Estos jefes, como muchas veces dijimos, tenían nombre y apellido, y eran Pedraza y Fernández".

Ramal advirtió que "en el crimen de Ferreyra se demostró, por un lado, la connivencia de la Policía Federal, que liberó la zona para que pudiera actuar una patota criminal, y luego la complicidad del concesionario ferroviario, la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), que otorgó permisos y licencias gremiales a muchos de los integrantes de la patota el día que mataron a Mariano". "Esto fue preparado, planificado con la connivencia de la empresa", agregó, y reclamó a la jueza interviniente, Susana López, "que se llegue a las responsabilidades empresariales, policiales y del propio Estado".

"El derrumbe del sistema ferroviario -denunció el compañero de militancia del joven asesinado- tiene mucho que ver un concesionario privatizado que ha hecho negocios contra los usuarios, una dirección sindical que, en vez de defender a los trabajadores, ha lucrado con ellos, y un Estado que ha financiado con subsidios todos estos negociados indignos", opinó.

Según Ramal, "la detención de Pedraza debe servir también para devolverle el sistema ferroviario a los trabajadores, a sus usurarios, a sus técnicos, para que sea reconstruido sobre bases completamente diferentes".

La abogada del Partido Obrero, Claudia Ferrero, por su parte, acusó a Pedraza y a Fernández como "los autores intelectuales del plan criminal" que derivó en el asesinato de Ferreyra, y reclamó a la Justicia investigar al subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y que se determine "quiénes participaron en la emboscada de parte de la empresa UGOFE".

Pidió además que sean citados para brindar "declaración indagatoria" veinte efectivos de la Policía Federal acusados de "liberar la zona" para que militantes de la UF y barrabravas atacaran a los trabajadores de las empresas tercerizadas el día del asesinato de Ferreyra. "Ya tenemos a los autores intelectuales de este plan, pero falta determinar quiénes participaron de parte de la empresa UGOFE, que licenció a los trabajadores para que fueran parte de la patota, y la participación de Antonio Luna, de la Subsecretaría de Transporte Ferroviaria", enfatizó Ferrero.

La abogada recordó que "cuando nosotros denunciamos y establecimos la querella, dijimos de que el plan criminal tenía tres patas en cuanto a sus autores intelectuales: uno era la Unión Ferroviaria, otra era la empresa UGOFE y la tercera, la Subsecretaría de Transporte Ferroviaria".

Ferrero reclamó a la Justicia que avance en la investigación de la actuación policial. "Estamos a la expectativa de que se eleve la otra causa en la que el fiscal requiere a la jueza, con nombres y apellidos, que investigue a efectivos de la Policía Federal no sólo como responsables de liberar la zona sino de encubrir todo. Ahí, hay un listado de 20 efectivos policiales, más o menos, que deben ser llevados a indagatoria", concluyó.