[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El juez instructor Alberto Jorge Barreiro, considera que Garzón, quien actualmente está suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional, podría haber cometido un delito continuado de prevaricato y otro de "uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales".

Según el magistrado del alto tribunal, Garzón buscaba "obtener información de relevancia" que no tenía seguridad de poder obtener mediante "medios lícitos", y por ello "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales" que mantenían los internos con sus abogados en los locutorios de la prisión.

Sin embargo, estas conversaciones no tenían otro contenido que "aspectos nucleares sobre las estrategias de defensa", señala la resolución publicada en la prensa española.

El instructor considera que el acceso de Garzón a estos datos confidenciales le proporcionaban "dominio completo de la evolución de la causa", un caso que tiene "gran trascendencia mediática".

El caso Gürtel es una trama de corrupción política ligada al PP de las Comunidades de Valencia y Madrid que Garzón comenzó a investigar en febrero de 2009 y que actualmente está en manos de los tribunales supremos de estos distritos. El principal implicado es Francisco Correa, un empresario que durante el gobierno del ex presidente José María Aznar (1996-2004) organizaba actos del PP y luego continúo haciendo negocios con el partido principalmente en Madrid y Valencia, comunidades gobernadas por los conservadores.

Quienes demandan a Garzón y piden para él 17 años de inhabilitación son, precisamente, Francisco Correa y Pablo Crespo, ambos cabecillas de la trama, e Ignacio Peláez, ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del empresario de la construcción José Luis Ulibarre, imputado en la red de corrupción.

El pasado 25 de marzo, Garzón, quien actualmente es consultor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), denunció al Supremo español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) por considerar que sus derechos se vieron vulnerados en la causa por los crímenes del franquismo.

Además, el tribunal debe decidir aún sobre una tercera causa presentada en su contra por un presunto delito de cohecho en relación con un pago que recibió del banco Santander para dictar cursos en Nueva York y una posible relación con su posterior decisión de no aceptar una querella contra los directivos de este banco.