Tras haber postergado en cuatro oportunidades su presencia ante el magistrado, y ante la amenaza de un posible pedido de desafuero a la Legislatura porteña para hacerlo concurrir con la fuerza pública, Macri cumplió hoy con la demorada presentación en los tribunales. Tanto la llegada como la salida del jefe de gobierno fueron acompañadas por una protesta de la agrupación HIJOS.

El jefe de Gobierno fue indagado por la jueza María Fontbona de Pombo, subrogando a su colega Facundo Cubas, durante algo menos de una hora. Allí negó los cargos y presentó un “escrito técnico” en el que se mencionan las funciones y atribuciones que tenía la disuelta UCEP.

Macri defendió la "validez de los decretos de formación de la UCEP", que constituyen el punto de inicio de la investigación y explicó que era "un organismo preestablecido" y defendió su formación. Sostuvo además que su disolución no estuvo vinculada con las denuncias de malos tratos sino con una reforma organizativa en su gobierno.

En cuanto a la forma en que se realizaron los desalojos, Macri se mostró ajeno a eventuales abusos cometidos por los agentes y detalló cuáles eran las normativas que debían cumplir en su cometido.

La indagatoria se realizó luego que el 27 de abril último la Cámara del Crimen, con la firma de los magistrados Jorge Rimondi y Luis Bunge Campos, ratificase la decisión que ordena su indagatoria al rechazar los planteos de su defensa y considerar “improcedente” el recurso de apelación con argumentos que ya habían sido desestimados por Cubas. En el sumario, iniciado en 2008 tras una denuncia de la legisladora porteña Liliana Parada, también están imputados el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y una veintena de ex integrantes de esa cartera.

En la causa, se investigan los delitos de lesiones, amenazas, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La UCEP había sido creada a través del decreto 1232 para "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión" e "intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público".

El Juzgado Nº 49 unificó todas las denuncias, como una que realizó Carla Baptista, la embarazada y madre de cinco hijos que resultó golpeada la madrugada del 1º de octubre de 2009 debajo de la autopista 25 de Mayo, en el barrio de San Cristóbal. Su caso tuvo repercusión pública porque la mujer sufrió desplazamiento de placenta y corrió riesgo de perder el embarazo.