La Sala I del tribunal de apelaciones ratificó la imputación contra el represor por "el delito de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en ciento un ocasiones, de las cuales 64 se encuentran agravadas por su duración, todas ellas en concurso real con el delito de imposición de tormentos reiterados" en la misma cantidad de casos.

En una resolución, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, explicaron que el "plan criminal" fue aprobado por los ex comandantes quienes "ordenaron a sus subordinados que: privaran de su libertad en forma ilegal a las personas que considerasen sospechosas de tener relación con `organizaciones terroristas`; que las condujeran a lugares de detención clandestinos".

Los delitos de lesa humanidad atribuidos al "Francés" fueron cometidos en ese centro clandestino "emplazado en el cruce de la autopista Richieri y Camino de Cintura, localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires", entre abril de 1976 y septiembre de 1978.

Para ratificar la prisión preventiva, los camaristas indicaron que "existen elementos concretos de mayor peso que hacen suponer fundadamente, de acuerdo con las siguientes consideraciones, que el imputado podría entorpecer el curso de la investigación en caso de recuperar su libertad, lo cual impide, de momento, aplicar la regla de la libertad durante el proceso".