La ahora ex ministra de Defensa envió una carta de dimisión al presidente Morales en la que explicó que no compartía "la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno". Para Chacón, existían "otras alternativas en el marco del diálogo, respeto a los derechos humanos, no violencia y defensa de la Madre Tierra". "Las medidas asumidas, lejos de aislar a la derecha fortalecen su manipulación dentro de la octava marcha con el fin de atacar el proceso de cambio que tanto ha costado a los bolivianos", señaló la ex funcionaria.

También el viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Freddy Beltrán, cuestionó la actitud de los policías que reprimieron a los marchistas indígenas y aseguró que el gobierno tendrá que explicar tal actitud. "Nosotros somos parte de este gobierno, pero para nosotros, obviamente estas acciones no forman parte de nuestras políticas", aseguró Beltrán.

Llorenti, por su parte, recordó que los manifestantes, sobre todo las mujeres, rompieron el cerco policial que protegía al canciller David Choquehuanca, quien había viajado hasta la localidad de Limoncito para dialogar y escuchar sus demandas, y que la policía actuó por pedido de la Justicia.

Mientras tanto, centenares de personas marcharon por el centro de La Paz en repudio a la represión y la Central Obrera convocó a una huelga general el miércoles para que se respeten los derechos constitucionales de los indígenas. La presidenta de la asamblea de derechos humanos, por su parte, pidió que "se haga aparecer a las personas desaparecidas" tras la toma del campamento indígena a 430 kilómetros al noreste de La Paz. Vilma Plata, dirigente de los maestros urbanos, calificó la toma como "una masacre peor a las que sufrimos durante las dictaduras", y afirmó que "con ella el gobierno se quitó la máscara de defensa de los indígenas y el medio ambiente".