Delgado analizó la "gravedad y la carga de violencia que entrañan" los delitos de lesa humanidad cometidos por los expolicías bonaerenses, además de "la particularidad de que la actividad delictiva se llevó a cabo desde las estructuras de las instituciones a través de las que se expresa el Estado Nacional".

Los hechos que conforman la elevación a juicio ocurrieron en la Subzona 13 de la Zona uno, integrada por los partidos de General Villegas, General Pinto, Leandro N. Alem, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, San Antonio de Areco, Suipacha, Chivilcoy, 25 de mayo, 9 de julio, Lincoln, Carlos Tejedor, Rivadavia, General Viamonte, Junín, Rojas, Salto, Bartolomé Mitre, Capitán Sarmiento, Chacabuco y Bragado, de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal explicó que en esa Subzona existió un "circuito de represión" en el que funcionaba la Comisaría 1ª de Junín, situada en Gandini 165 de esa ciudad, entre abril de 1976 hasta febrero de 1977 donde operaba un centro clandestino de detención y torturas encubierto ya que esa dependencia "se desdobló" entre sus tareas propias y "para los tormentos específicos se habilitó una habitación en el primer piso".

La fiscalía imputó a los represores "la comisión, como autor, de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia o amenazas reiterada en quince ocasiones... catorce de los cuales concurren en forma real con el delito de imposición de tormentos reiterados".