Un proyecto de ley por el cual se declara de “utilidad pública y sujeto a expropiación” al inmueble situado en Bartolomé Mitre 1232, fue enviado a la Legislatura por el Poder Ejecutivo porteño, tal como anunció el martes el jefe de Gobierno, Mauricio Macri. La iniciativa, que será tratada por los legisladores porteños en la sesión prevista para el 17 de noviembre, señala que el Banco de la Ciudad de Buenos Aires será el encargado de tasar el edificio objeto de expropiación y que se contempla pagarle a los propietarios “el valor de mercado que el bien tenía al 3 de noviembre de 2011”, el día anterior al derrumbe. Ayer se conocieron las primeras críticas al proyecto oficial, porque sólo contempla indemnizar a los propietarios por “el valor inmobiliario” que tenía el departamento que resultó destruido y no por los bienes (muebles, electrodomésticos, indumentaria) que había dentro de los hogares reducidos a escombros.

El proyecto, que consta de cinco artículos, fue firmado por Macri y por el ministro de Hacienda, Osvaldo Grindetti. Allí se declara “de utilidad pública y sujeto a expropiación” al inmueble de Bartolomé Mitre 1232. Luego de la tasación, a cargo del Banco Ciudad, la Legislatura debe facultar al Poder Ejecutivo para concretar “las acciones conducentes a fin de deducir de la indemnización a pagar por la expropiación el importe de los impuestos, tasas y contribuciones que los propietarios adeuden al gobierno” porteño.

El Ejecutivo también será facultado para iniciar las acciones legales “por daños y perjuicios que correspondieren a los particulares expropiados” en contra del “responsable de los hechos acaecidos (el viernes 4 de noviembre), cuyos rubros indemnizatorios sean satisfechos mediante el pago del precio de expropiación”.

La presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, Silvina Pedreira (PJ), sostuvo que el proyecto oficial “presenta dos claras falencias”. Precisó que “en el caso de los propietarios, la indemnización se refiere al valor inmobiliario de su propiedad y no contempla monto alguno para la reposición del equipamiento (mobiliario) de la vivienda y demás pertenencias”. Agregó que tampoco se tienen en cuenta “los gastos que demandará adquirir un nuevo inmueble”, es decir la comisión inmobiliaria y los gastos de escrituración.

Pedreira resaltó que la iniciativa “directamente ignora a los inquilinos y otros tenedores legales”. La legisladora reclamó que se tome en cuenta una propuesta de su autoría que, además de la indemnización por el derrumbe, propicia el pago inmediato de un subsidio de 50 mil pesos a todos los damnificados.

María Elena Naddeo, del Frente Progresista y Popular, presentó otro proyecto para brindarle a los damnificados “una asignación de dinero a fin de que puedan cubrir gastos de hotel, alimentos, viáticos, objetos de limpieza, ropa, medicamentos, útiles escolares y demás gastos de rutina”.

Luego de aclarar que ese monto debe ser pagado “al margen de futuros subsidios resarcitorios” por la pérdida de la vivienda, Naddeo dijo que la ayuda que da el gobierno porteño “no sólo es insuficiente, sino que es vergonzosa” (ver nota aparte). Por su parte, Eduardo Epzsteyn, del mismo bloque, propuso que antes de tratar el proyecto sean consultados los afectados.