Julio Demetrio Petra, integrante de la Cámara Federal de Mendoza, prefirió renunciar antes de que lo echen. Fue después de que le notificaran su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario y prevaricato al haber intentado favorecer a su colega fugitivo Otilio Romano en una causa en la que se le imputa un centenar de crímenes de lesa humanidad. Petra ya tenía denuncias en el Consejo de la Magistratura por beneficiar a represores. Es el tercer juez de la Cámara provincial que queda en la cuerda floja, al aparecer comprometido en una red de complicidades con el terrorismo de Estado. El primero, Luis Miret, fue destituido el año pasado. El segundo, Romano, se fugó a Chile en busca de asilo un día antes de que lo suspendieran en el cargo y su juicio político empieza el lunes, en ausencia.

Petra presentó ayer la renuncia ante el Poder Ejecutivo, aunque en ella no hace ninguna alusión a su situación en la Justicia ni en el Consejo. Alega, en cambio, que obtuvo la jubilación y problemas de salud que le traen “significativas limitaciones” para “cumplir adecuadamente” con la “función de juez”. La presidenta Cristina Fernández no aceptó la renuncia de Miret ni la de Romano en su momento, pero no necesariamente ocurre lo mismo en todos los casos.

Hace unos años, los organismos de derechos humanos de Mendoza –con especial impulso del Movimiento Ecuménico (MEDH)– trataban de entender por qué las causas por los crímenes de la dictadura no avanzaban allí. Le dieron vueltas y vueltas al tema, hasta que notaron que la barrera estaba casi siempre en el mismo lugar: la Cámara Federal. El asunto era mucho más complejo de lo que pensaban. Estaban los jueces que habían trabajado en la Justicia en dictadura y que seguían en funciones, y estaban los que, en democracia, habrían tendido diversas maniobras para resguardar no sólo a represores sino a sus propios colegas, sobre quienes se iban descubriendo conductas colaboracionistas con el régimen dictatorial. En el primer grupo entrarían Miret y Romano. Petra, en el segundo.

Petra fue denunciado penalmente por los organismos de derechos humanos después de que firmara un fallo que ordenaba el apartamiento del juez federal Walter Bento, quien había citado a indagatoria a Romano y a Miret por su posible participación (o al menos no investigar aunque estaban al tanto) en secuestros, torturas y desapariciones ya desde 1975. Señalaban la amistad entre los jueces, a punto tal que después del desplazamiento de Bento fueron fotografiados en un restaurante céntrico cenando con champagne. Esta semana, el juez de San Rafael Eduardo Puigdéngolas lo procesó por incumplimiento y por prevaricato (fallar deliberadamente contra derecho). Tuvo especialmente en cuenta la orden de un tribunal superior que Petra habría desacatado, que le impedía intervenir en causas de derechos humanos. El hecho de no haberse inhibido, razonó el juez, más las denuncias que acumulaba en el Consejo de la Magistratura, sumaban elementos “razonables para generar dudas sobre su imparcialidad”.

Son nueve las presentaciones contra Petra en el Consejo, por las que aún podría ser citado. En ellas se basaron días atrás otros colegas suyos para apartarlo de la presidencia de la Cámara. En uno de los expedientes se investiga la liberación en masa de represores de Mendoza, San Luis y San Juan. Otro apunta a una resolución por la cual extendió la falta de mérito del teniente coronel Luis Stuhldreher (intendente de facto en 1976) a 18 desapariciones que no habían llegado a su tribunal. En otra de las presentaciones por las que está bajo la lupa, la jueza de San Juan Margarita Camus lo responsabiliza por dejar en libertad a su torturador a pesar de que ella lo había reconocido. En el caso de su colega Romano, además de firmar el apartamiento del juez que lo investigaba, Petra fue denunciado por jueces subrogantes de la propia Cámara por sustraer (para prolongar sus efectos) la medida cautelar que evitaba que avanzara el juicio político en su contra. La semana pasada también lo denunció la Universidad Nacional de Cuyo por presunta parcialidad en una disputa por terrenos universitarios a favor de un grupo empresario.