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Luego de la lectura del decreto que firmaron Buzzi y Peralta, durante el acto que se realizó en el límite interprovincial Ramón Santos, el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, dijo que la determinación obedece al "cumplimiento de la ley a la defensa de los recursos naturales y a la identidad de los santacruceños y de los chubutenses".

Las provincias petroleras comenzaron a presionar a YPF el 9 de febrero, cuando firmaron un acuerdo con Nación en el que calificaron a esa empresa como la “principal responsable global” de la caída de la producción de petróleo y gas que registró el país en la última década. De ese modo, se encolumnaron detrás del gobierno nacional, que mantiene una disputa con YPF desde fines del año pasado.

Quince días después, los gobernadores informaron que se intimaría a las empresas que no hubiesen invertido para tratar de conseguir un incremento del 15 por ciento de la producción nacional en “una primera etapa”, que ni siquiera se precisó. Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén rápidamente despejaron las dudas al enviarle intimaciones a la petrolera.

Chubut lo hizo el 1º de marzo a través de un decreto firmado por el gobernador, donde le dio a YPF siete días hábiles para presentar un plan de trabajo convincente, bajo la amenaza de quitarle dos áreas: El Trébol Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido.

Luego llegaron las intimaciones de Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, pero la petrolera sólo le respondió públicamente a Chubut porque advierte que es allí donde su situación está más complicada. De hecho, el gobernador Martín Buzzi les apuntó a dos yacimientos que representan el 40 por ciento de la producción que YPF tiene en esa provincia.

Por su parte, el gobernador santacruceño, Daniel Peralta, intimó a la petrolera el 2 de marzo por 23 yacimientos sobre los que se pidió informes por falta de inversiones.