Según UGT y CCOO, la huelga alcanzó un acatamiento del 77 por ciento, con una participación elevada en la industria, la construcción, el sector automotor y el transporte. El gobierno, por su parte, aseguró que el seguimiento fue escaso y "claramente inferior" al que tuvo la anterior huelga general, organizada en septiembre de 2010 contra la reforma laboral del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La directora de Política Interior, Cristina Díaz, admitió que el acatamiento fue relativamente importante en la industria automotriz y en el sector ferroviario, pero no en la administración pública ni en la banca. En Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades permaneció abierta la mayoría de los comercios y restaurantes. El sector empresarial calificó la huelga de "eminentemente política" y denunció que la protesta sindical "daña los intereses económicos de España y su imagen internacional".

La jornada se desarrolló en un ambiente predominantemente de normalidad y tranquilidad, sin grandes incidentes violentos. No obstante, según datos del Ministerio del Interior, la policía realizó 176 detenciones, mientras que 58 agentes y 46 ciudadanos resultaron heridos en diferentes enfrentamientos. Los peores disturbios se desarrollaron en Barcelona, donde la policía llegó a emplear balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que habían quemado contenedores de basura y otros objetos. Tanto en Barcelona como en Madrid fueron destrozadas las vitrinas de algunos comercios y sucursales bancarias.

El secretario general del sindicato CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y su colega de la UGT, Cándido Méndez, llamaron una vez más al gobierno a abrir una negociación sobre el contenido de la reforma laboral, el principal proyecto de ajuste impulsado por el Ejecutivo para recuperar la confianza de los mercados internacionales. Sin embargo, la ministra del Trabajo, Fátima Báñez, reiteró que el gobierno de Rajoy no va a permitir ningún cambio fundamental al proyecto de reforma y solo acepta discutir las enmiendas que se presenten durante la tramitación de la ley en el Parlamento.

La huelga general se llevó a cabo el mismo día en que el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, cumplió los primeros 100 días de su mandato. Con esta acción de protesta, los sindicatos expresaron su rotundo rechazo a una reforma laboral que facilita y abarata los despidos y permite a las empresas en dificultades rebajar los sueldos y modificar la jornada de trabajo sin acuerdo con los sindicatos. El gobierno espera que a medio plazo la reforma facilite las contrataciones y reduzca el abultado desempleo en España, que afecta actualmente a unos 5,3 millones de personas, el 22,9 por ciento de lapoblación activa, la cifra más alta en la Unión Europea.

Los sindicatos, por el contrario, prevén una destrucción aún mayor de puestos de trabajo y denuncian lo que consideran un "brutal" ataque a los derechos históricos de los trabajadores y el mayor retroceso social en España desde la restauración de la democracia tras el fin de la dictadura franquista (1975).