Videla y Menéndez habían sido sobreseídos por la entonces jueza federal Cristina Garzón de Lascano quien investigó en primera instancia ese caso emblemático de delitos económicos cometidos por el terrorismo de Estado. Según la causa, a raíz de una investigación efectuada en aquellos años por el Ejército sobre una supuesta financiación de "actividades subversivas" por parte de la Mackentor, se tomaron represalias contra directivos, personal jerárquico, ex empleados o sus familiares.

Según el expediente, las víctimas habrían sido detenidas en sus domicilios por una orden de allanamiento ilegal y luego conducidas a los centros clandestinos de detención "La Ribera" y "La Perla", donde fueron torturadas. A Videla y Menéndez se les atribuye la presunta comisión de esos delitos contra los dueños y accionistas de ese grupo económico que se conformaba por varias empresas e inmuebles, luego apropiados ilegítimamente.

Además, se atribuye a Videla y a Menéndez y al personal militar y civil de inteligencia que prestaba servicios en los centros clandestinos de detención la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos en perjuicio de los accionistas y empleados del grupo empresario durante su estadía en esos lugares.