La protesta se realizó frente al complejo del Hospital Gregorio Marañón, de la capital española, donde hasta hoy los inmigrantes podían obtener la tarjeta que permite utilizar los servicios médicos públicos con un simple empadronamiento, pero que en el marco de sus políticas de mayor rigor, el gobierno de Mariano Rajoy decidió endurecer: sólo serán atendidos en los servicios de pediatría, asistencia al embarazo y urgencias.

A los inmigrantes "sin papeles" se sumaron enfermeras y otro personal sanitario, movilizados por ONG como Médicos del Mundo que lanzó una campaña, bautizada "Derecho a curar", en la que llamó a los profesionales del sector a la objeción de conciencia.

Por su parte, el gobierno afirmó que los indocumentados seguirán siendo atendidos aunque deberá pagar por el servicio y propuso que éste sea facturado a sus países de origen cuando exista un convenio bilateral que lo permita. Siete de los 17 gobiernos regionales del país, competentes en materia de sanidad, afirmaron que desacatarán la ley y mantendrán el acceso a la salud pública para inmigrantes irregulares.