Otero Álvarez se desempeñó durante la dictadura como secretario penal del difunto juez Adolfo Zamboni Ledesma, considerado "colaboracionista" de la dictadura cívico-militar y posteriormente, fue vocal del Tribunal Oral Federal Nº1, que condenó por primera vez al exjefe del Tercer Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez, y en 2009 solicitó su jubilación, que fue aceptada por la presidenta Cristina Kirchner.

El exmagistrado había sido cuestionado por el Consejo de la Magistratura porque "habría adoptado un rol absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas al momento de recibir declaraciones indagatorias y declaraciones testimoniales". El Consejo dijo además que "Otero Álvarez habría autorizado el traslado de detenidos sin contar con la orden del magistrado", un traslado "funcional a las prácticas de torturas y homicidios perpetradas por funcionarios policiales".

Además de Otero Álvarez, permanecen detenidos el exjuez federal Miguel Ángel Puga, el exfiscal federal Antonio Cornejo y los exdefensores oficiales Luis Eduardo Molina y Ricardo Haro, acusados de haber omitido investigar sabiendo de los fallecimientos de los presos, ya que habían sido notificados por un juez, entre ellos Zamboni Ledesma.