Viernes, 9 de noviembre de 2012 | Hoy
22:04 › MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA
El fiscal de Bahía Blanca, Abel Córdoba, solicitó a la Justicia Federal la elevación a juicio oral de la causa contra diez integrantes de la Prefectura Naval y de la Armada por los crímenes cometidos contra 48 personas durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, quienes trabajaban en el diario La Nueva Provincia y cuyos cuerpos masacrados fueron encontrados en las afueras de Bahía Blanca el 4 de julio de 1976.
En la elevación pedida por el fiscal se destaca que "sus privaciones ilegales de libertad, torturas y homicidios calificados tienen como denominador común esa actividad sindical y en la relación laboral con La Nueva Provincia", según informó la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos.
La investigación judicial agrega que las víctimas, excepto los obreros gráficos, permanecieron en los centros clandestinos de detención de la Base Naval de Puerto Belgrano y Base de Infantería de Marina Baterías, ambas dependientes de la Armada.
Entre los imputados se encuentran el prefecto mayor retirado Félix Ovidio Cornelli, exjefe de la Prefectura de Zona Atlántico Norte, que integraba la fuerza de tareas 2 dentro de la estructura represiva de la Armada. El prefecto principal Francisco Manuel Martínez Loydi, subordinado directo de Cornelli y exjefe de la sección informaciones, que constituía el órgano de inteligencia de aquella prefectura de zona.
"Loydi suscribió el oficio por el cual el 22 de marzo de 1976 se remitió al Servicio de Inteligencia, el informe de inteligencia titulado "Asunto: Estudio realizado sobre el diario `La Nueva Provincia´ de esta ciudad (Guerrilla Sindical)", donde se incluyó una nómina del "personal a ser raleado de un medio de difusión fundamental, encabezada por las víctimas Heinrich y Loyola", agregó la Unidad Fiscal.
En el pedido de elevación a juicio también figuran el cabo primero Luis Ángel Bustos, quien fue dado de baja, y el ayudante mayor retirado Néstor Alberto Nougués, quienes integraron la sección informaciones y con el prefecto Pedro Alberto Pila, quien se desempeñaba como jefe de la división operaciones de la Prefectura Bahía Blanca.
En igual sentido, se requirió que sean llevados a juicio el contralmirante Miguel Jacinto García Tallada, exjefe del estado mayor del Comando de Operaciones Navales, máxima autoridad operativa de la Armada y el capitán de navío retirado Guillermo Félix Botto, del Departamento de Inteligencia de dicho comando.
También del capitán de navío retirado Oscar Alfredo Castro, excomandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio y, simultáneamente, de la fuerza de tareas 2 y el capitán de corbeta retirado Luis Alberto Pablo Pons del Batallón Comando.
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