El pedido de per saltum, que fue anunciado por el ministro de Justicia, Julio Alak, "interpone un recurso extraordinario por salto de instancia" e invoca la modificación del artículo 257 del Código Procesal que estableció ese mecanismo tras la votación por mayoría en el Congreso de la Nación. El expediente quedó registrado en la Corte con la identificación "E 287/2012 PVA" (presentaciones varias) y está caratulado como "Estado Nacional - Jefatura de Gabinete s/interpone recurso extraordinario por salto de instancia en autos Grupo Clarín S.A. s/medidas cautelares, expediente 8836/09".

Por su parte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella, informó que le solicitó al máximo tribunal que revea el fallo de la Cámara Civil y Comercial y enfatizó la necesidad de que "la Corte intervenga rápidamente" ante un fallo "vergonzoso" dictado por magistrados que "se fueron a Miami a encuentros financiados por Clarín".

Los planteos del gobierno nacional piden la suspensión y la nulidad de la resolución dictada ayer por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial. En su presentación, el Ejecutivo esgrimió que lo resuelto ayer por los camaristas está "viciado de nulidad" porque contradice lo dispuesto por la Corte al resolver que el 7 de diciembre vencía la vigencia de la medida cautelar en caso de no que no hubiera un fallo de fondo en la primera instancia.

Cuatro jueces supremos (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda) comenzaron hoy mismo a analizar la presentación del Gobierno. Sin embargo, el Tribunal sólo adoptará una decisión cuando puedan reunirse sus siete miembros, lo que por ahora no es posible ya que Carmen Argibay y Carlos Fayt tenían "impedimentos personales" y Raúl Zaffaroni está de viaje en Colombia.

La Corte deberá resolver primero si es procedente el planteo de per saltum realizado por el Gobierno nacional y luego, si lo acepta, adoptar una definición respecto a la prórroga dispuesta por la Cámara a la medida cautelar que mantiene paralizada la aplicación de la Ley de Medios.